– «Pueblos Originarios en América. Guía introductoria de su situación«, Alberto Cruz, Pedro Ramiro, Erika González, Mailer Mattié y David San Martín; Aldea Alternatiba Desarrollo, Pamplona-Iruña, diciembre 2010.

Indice

Glosario de siglas

Presentación

La larga lucha hacia la visibilización

· Derechos humanos individuales frente a derechos de los pueblos

· El resurgir de la lucha por la emancipación de los pueblos indígenas

· La primera victoria: el Convenio 169 de la OIT

· El segundo triunfo: la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU

· 370 millones de indígenas

· Visibilización de los pueblos originarios y el derecho a la tierra

Sobre el método

Pueblos originarios en América

* Argentina

* Belice

* Bolivia

* Brasil

* Canadá

* Chile

* Colombia

* Costa Rica

* Ecuador

* El Salvador

* Estados Unidos

* Guatemala

* Guyana

* Honduras

* México

* Nicaragua

* Panamá

* Paraguay

* Perú

* Surinam

* Venezuela

Apéndices

Multinacionales españolas en América Latina: impactos sobre los pueblos indígenas

Mujeres de Abya Yala: Mama Tránsito Amaguaña (1909-2009)

Anexos

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas

Convenio de la Organización Internacional del Trabajo no 169 (1989) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes

Declaración de los pueblos indígenas

Declaración de los Pueblos Indígenas del Mundo

Agradecimientos

Bibliografía

– Mapas, PDF

Multinacionales españolas en América latina: Impactos sobre los pueblos indígenas

Pedro Ramiro y Erika González

Que todo el pueblo conozca en términos morales y políticos los crímenes cometidos. Hay un perjuicio grande para las poblaciones indígenas y para toda la humanidad. Existe un fuerte impacto sobre los pueblos indígenas, incluso los no contactados, que no quieren compasión. Estos pueblos tienen derecho a la vida y a que respeten su forma de vivir.

Blanca Chancoso, miembro del jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos.[1]

El avance del capitalismo global ha hecho que, en el último siglo, las empresas transnacionales hayan venido adquiriendo cada vez más capacidad de influencia y poder. Hoy, las 500 mayores corporaciones controlan una cuarta parte de la producción y la mitad del comercio mundial, y su capacidad económica supera a la de muchos países: Wal-Mart, por ejemplo, maneja un volumen de ventas que supera el Producto Interior Bruto (PIB) de Noruega, mientras que los ingresos de ExxonMobil son mayores que la suma del PIB de Venezuela y Chile. Después de todo, las compañías multinacionales han resultado ser las principales beneficiarias del proceso de globalización neoliberal y, por ello, en el actual modelo socioeconómico, los derechos sociales de la mayoría de hombres y mujeres del planeta queden sometidos a la lógica de un mercado dominado por las corporaciones transnacionales. Y es que, como ya decía Salvador Allende hace cuatro décadas, «estamos ante un conflicto frontal entre las grandes corporaciones transnacionales y los Estados. Éstos aparecen interferidos en sus decisiones políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que no están fiscalizadas por ningún parlamento».[2]

En este contexto, resulta oportuno desvelar la existencia de los conflictos que están siendo causados por la expansión de estas empresas multinacionales: daños medioambientales, desplazamientos de comunidades, alzas de tarifas y deficiencias de los servicios públicos privatizados, deterioro de los derechos laborales, expolio de los recursos naturales, persecuciones a las organizaciones sociales y sindicales y, en general, una sucesión de abusos cometidos y de violaciones de los derechos humanos. Porque, como afirma Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado del Tribunal Supremo y presidente de la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) realizada el pasado mes de mayo en Madrid, lo que sucede es que las empresas transnacionales “se aprovechan del vacío práctico de esfera pública para actuar al margen de la legalidad”, y por eso puede decirse que “hay una asimetría absoluta entre las posiciones de las víctimas y las posiciones de quienes están detrás, lejos, moviendo hilos por beneficios económicos o intereses”.

A la vez, se hace necesario instaurar mecanismos para el control de las operaciones de las compañías multinacionales. Esto quiere decir, por una parte, someter a Derecho todas las prácticas que atenten contra los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y, por otra, ajustar sus actividades al derecho al desarrollo y a la soberanía de los pueblos y naciones.[3] Sin embargo, la realidad parece transcurrir justamente en sentido contrario: el cuerpo normativo relacionado con la mercantilización del sistema neoliberal se ha ido perfeccionando cuantitativa y cualitativamente, a la vez que el control de las grandes empresas se ha ido vinculando con los sistemas voluntarios y unilaterales que han ido penetrando en las instituciones internacionales.[4]

Con todo ello, se hace evidente la profunda asimetría que existe entre los derechos de las empresas transnacionales, que se protegen mediante los múltiples acuerdos que forman el nuevo Derecho Corporativo Global –que se concreta en una serie de normas y acuerdos bilaterales, multilaterales y regionales promovidos desde instancias como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional–, y sus obligaciones a nivel ambiental, laboral y social, que en buena medida se dejan en manos de la ética empresarial y de los acuerdos voluntarios. Dicho de otro modo: mientras la seguridad jurídica de los contratos y de los negocios de las compañías multinacionales se tutela desde la fortaleza de la lex mercatoria, la ciudadanía no dispone de sistemas normativos y de mecanismos de control eficaces para verificar el cumplimiento de los derechos humanos.[5]

Empresas transnacionales vs. pueblos indígenas

Durante todo el siglo XX, la búsqueda de materias primas, de recursos naturales que explotar, de mano de obra barata y, en resumen, de las condiciones óptimas para avanzar por la senda del crecimiento económico, la acumulación por desposesión[6] y la competitividad en el mercado mundial, fueron las razones que llevaron a las empresas transnacionales a implantarse por todo el planeta. Y, por supuesto, también en muchos territorios indígenas.

Así, puede decirse que la relación entre las empresas transnacionales y los pueblos indígenas tiene muchos años de existencia. En el caso de América Latina, ya desde que, a principios del siglo pasado, las grandes corporaciones del petróleo se fueron haciendo con contratos de explotación y extendieron sus actividades por toda la región, se dedicaron a utilizar a las poblaciones locales como mano de obra para la construcción de las infraestructuras necesarias, comenzaron a destruir los ecosistemas colindantes, hostigaron a las comunidades indígenas y, en definitiva, contribuyeron a hacer efectiva una profunda transformación del territorio. Más tarde, a las multinacionales petroleras vendrían a sumarse las compañías bananeras, las mineras, las de la electricidad, las entidades financieras, las agroindustrias …

En Colombia, sin ir más lejos, desde que hace un siglo se dio inicio a las actividades petroleras en el país, se han podido documentar numerosos casos en los que las empresas transnacionales han diezmado comunidades indígenas enteras, invadiendo y destruyendo sus territorios. En los años sesenta, por ejemplo, habían acabado ya con dos terceras partes de las comunidades bari, en el Norte de Santander, y habían hecho prácticamente lo mismo con la población indígena yariguí en la cuenca media del río Magdalena. De igual manera, la búsqueda del petróleo tuvo graves efectos sobre otras comunidades indígenas, como los zenú de Córdoba; las etnias inga, kofán, siona, huitoto y coreguaje en el Putumayo; los sáliba en el Casanare y los nukak en el Guaviare.[7]

La situación no fue muy diferente en Bolivia, por poner otro caso, donde los intereses de las multinacionales del petróleo por el control del territorio también generaron fuertes impactos sobre los pueblos indígenas. Basta citar a las corporaciones Standard Oil y Royal Dutch Shell,[8] involucradas en el origen en los años treinta de la Guerra del Chaco, o a la compañía petrolera Gulf Oil Company, que durante la década de los sesenta operó en los territorios indígenas yuki y yurakaré, impulsando la colonización de esa región y el desplazamiento de sus comunidades.[9]

A modo de ilustración, estos ejemplos de Colombia y Bolivia pueden servir para entender lo que ha significado la presencia de las compañías multinacionales en los territorios donde habitan los pueblos indígenas de América Latina. Porque, al final, lo que han hecho las grandes corporaciones es aprovecharse de la falta de control sobre sus actividades para contaminar el entorno de las zonas donde operaban e intimidar, maltratar y desplazar a las poblaciones cercanas. En décadas pasadas, se han venido estudiando y sistematizando multitud de casos en los que se relata el hostigamiento y la persecución que tuvieron que sufrir muchas comunidades indígenas en toda la región.

Pero, en contra de lo que pudiera parecer, estos hechos no se limitan al pasado; por el contrario, se puede constatar que continúan sucediendo en la actualidad. Y de ello hay ejemplos de todo tipo: desde las multinacionales de la alimentación hasta las corporaciones energéticas, de las mineras a las farmacéuticas, es conocido que las actividades de una gran cantidad de empresas transnacionales siguen impactando gravemente sobre el territorio y la cultura de los pueblos indígenas. Para hacernos una idea de la magnitud de esta cuestión, veamos a continuación algunos de los casos que han sido más denunciados a nivel internacional.

Uno de los elementos centrales de la disputa entre las comunidades indígenas y las grandes compañías es la propiedad de la tierra. En este sentido, ha sido bien conocida la situación de las comunidades mapuche de la Patagonia argentina que, desde hace varios años, mantienen un litigio por unos terrenos que han sido usurpados por Benetton.[10] En 2007, cuando seis familias mapuche volvieron a ocupar el predio sobre el cual reclamaban derechos ancestrales –cinco años antes, ya habían sido expulsadas del mismo lugar, que fue adquirido por la corporación italiana junto con otros terrenos en 1991–, un portavoz de los afectados dejaba claro que “no pretendemos ser propietarios, sino vivir como comunidad en nuestro territorio”.[11]

Del mismo modo, en Brasil se ha hecho muy notorio el conflicto que tienen las comunidades tupiniquim y guaraní que están defendiendo su territorio frente a la multinacional papelera Aracruz Celulose. Estas poblaciones indígenas del estado de Espíritu Santo sufrieron amenazas y ataques como resultado de la campaña que habían emprendido para reclamar sus tierras hereditarias, que a su vez eran también requeridas por la empresa. Según los indicios, Aracruz prestó apoyo logístico a las fuerzas de seguridad durante una operación que tuvo lugar en 2006 en la cual la policía federal desalojó de forma violenta –trece personas resultaron heridas y dos poblados quedaron destruidos- a indígenas tupiniquim y guaraní de los asentamientos que habían construido en las tierras en litigio.[12]

Y qué decir de las empresas mineras, que han destruido multitud de territorios indígenas en busca de oro, plata, níquel, cobre y otros metales preciosos. Entre ellas, la corporación estadounidense Drummond, que participa en la explotación de la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo (Cerrejón), que se encuentra en la península de La Guajira, en Colombia. En ese lugar habita el pueblo wayuú que, debido a la contaminación de la zona y a unas injustas negociaciones, ha visto amenazados su territorio ancestral y su cultura y por ello se resiste a la presencia de ésta y otras transnacionales como la petrolera estadounidense ChevronTexaco, que explota los yacimientos de gas natural que también existen en la región.[13] En 2009, en otra región del país, los indígenas embera se instalaron pacíficamente en el Cerro Careperro, en Jiguamiandó, lugar donde la multinacional Muriel Mining Corporation tenía previsto iniciar la extracción de oro, cobre y molibdeno, y continuaron allí hasta que, un mes después, la empresa tuvo que abandonar la zona y suspender su actividad.[14]

El año pasado dieron la vuelta al mundo, asimismo, las protestas y las movilizaciones de los indígenas de la Amazonia peruana que exigían la derogación de las normas que vulneraban su derecho a la propiedad y el control sobre sus recursos naturales, y que fomentaban la entrada de inversiones extranjeras en territorio de las comunidades indígenas amazónicas.[15] En pleno conocimiento de sus derechos, según la Constitución peruana y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los dirigentes indígenas explicaban que “no queremos modificación, queremos derogación”.[16] Pero, finalmente, el gobierno declaró el estado de excepción y envió a la policía contra los manifestantes, intervención que se saldó con la muerte de más de treinta personas en lo que ya se ha conocido como “la masacre de Bagua”.

Por su parte, los megaproyectos hidroeléctricos han sido también una fuerte amenaza para multitud de pueblos indígenas latinoamericanos. De Guatemala, por ejemplo, donde el municipio de Ixcán –en el que habitan indígenas q’eqchi’s, qanjoba’les, mames, kiche’s, kakchikeles, ixiles, chujes y jacaltecos– rechazó en una consulta comunitaria la construcción de la central hidroeléctrica de Xalalá, que forma parte de las propuestas del Plan Puebla-Panamá.[17] O de Brasil, país en el que indígenas de diferentes etnias amazónicas que viven en la reserva del Parque Nacional de Xingú se han venido oponiendo durante años a la construcción de una gran central hidroeléctrica. Y es que la obra de la que se convertirá en la tercera mayor represa del mundo contempla la inundación de una extensa área que incluye, al menos, dos reservas indígenas. “Belo Monte es un caso emblemático dentro de un modelo depredador”, dice un miembro del Movimiento de Afectados por las Presas, ya que “la central afectará a 50.000 personas que perderán su modo de vida, que depende del río Xingú”.[18]

En último lugar, aunque quizás deberían ocupar el primer puesto por la cantidad de denuncias que han venido acumulando, están las transnacionales del sector de los hidrocarburos. Por citar algún caso concreto, podríamos resaltar el de la compañía franco-británica Perenco, que ha provocado daños ecológicos en el Norte de Guatemala, ya que su actividad extractiva ha afectado a una zona de gran biodiversidad y en la que están presentes unos cien centros ceremoniales mayas. Como aseguró un dirigente social de la región, “nos dicen que la explotación petrolera traerá desarrollo para nuestras familias, pero vemos cómo en Rubensalto, treinta años después, las comunidades siguen como el primer día, en la pobreza, con enfermedades y analfabetismo”.[19] Una situación similar se produjo en Ecuador: tras la oposición de las comunidades indígenas kichwas durante años al ingreso de la empresa Perenco en su territorio, la petrolera tuvo que abandonar sus operaciones en el país en 2009.

Petroleras como ExxonMobil, Royal Dutch Shell, ChevronTexaco, Total y British Petroleum, entre otras, han sembrado la región de negativos efectos sobre las poblaciones y los ecosistemas. En Bolivia, los indígenas guaraníes que habitan en el sureste del país ocuparon en 2006 la estación de bombeo de un gasoducto, y amenazaron con cortar el suministro de gas a Brasil si las tres principales petroleras extranjeras presentes en el país –Repsol YPF, Petrobras y Total– no cumplían sus promesas de desarrollo regional.[20] En Perú, indígenas de la comunidad achuar presentaron hace años una demanda judicial en Estados Unidos contra la multinacional Occidental (Oxy), a la que acusan de haber contaminado durante tres décadas el suelo y los ríos del nororiente del país, donde ellos habitan. Luego de que Oxy abandonara la zona en 1999, la empresa Pluspetrol tomó el testigo, y ha sido asimismo acusada por los indígenas de causar graves estragos: las poblaciones achuar tienen altas concentraciones de plomo y cadmio en la sangre, y padecen males hepáticos, diarreas, afecciones a los ojos y desnutrición.[21]

En la audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que se llevó a cabo en Madrid en mayo de 2010, pudo evidenciarse la violación a los derechos de los pueblos indígenas con el caso de la cementera Holcim en Guatemala, cuya actividad extractora causaría fuertes impactos ambientales en el territorio y lo inutilizaría para labores agrícolas. Como dice Ramona Chocón, líder indígena del municipio San Juan Sacatepéquez, “nosotros defendemos la Madre Tierra porque dependemos de ella, somos cien por cien agricultores de rosas, crisantemos y verduras. Éste es uno de los principales factores por el que rechazamos a esta empresa en nuestras comunidades”. Además, éste es un caso paradigmático de la criminalización y las amenazas que sufren los y las dirigentes sociales que se oponen a las actividades de las empresas multinacionales en su territorio.[22]

La segunda colonización de América Latina

Quinientos años después de la Conquista de América, las multinacionales españolas han protagonizado el segundo desembarco en la región y han logrado hacerse con el liderazgo de muchos sectores clave de las economías latinoamericanas. Y todo en apenas década y media: el boom de las inversiones españolas en América Latina se produjo a finales de los años noventa, cuando España llegó a ser el sexto mayor inversor del mundo y el primero en América Latina.

Con ello, compañías españolas como Repsol, Telefónica, Endesa, Gas Natural –estas cuatro empresas fueron públicas–, BBVA, Santander, Iberdrola, Unión Fenosa, Aguas de Barcelona y PRISA, entre muchas otras, pudieron convertirse en lo que actualmente son: grandes corporaciones transnacionales. Para eso, solamente tuvieron que aprovechar el tamaño y el capital acumulados tras las privatizaciones y fusiones en el Estado español para, a continuación, expandirse a América Latina comprando todas las empresas que se estaban poniendo a la venta en el marco de la doctrina del Consenso de Washington. Haciéndose fuertes allá, y centrando la mayor parte de sus actividades no tanto para la producción mundial como para el mercado interno de los diferentes países –en sectores tales como los de telecomunicaciones, banca, energía, agua, seguros, construcción y turismo–, las multinacionales españolas han podido repatriar enormes beneficios en esta década. Así, las principales multinacionales de nuestro país obtienen anualmente entre un tercio y la mitad de sus ganancias de allá: el BBVA logra el 49% de sus ingresos gracias a sus negocios en la región; Telefónica, el 40%; y, en el caso del Santander, «casi la mitad del beneficio de este año vendrá de América Latina», afirma Francisco Luzón, director de la División de América del banco.[23]

Pero, hasta ahora, mientras se han dedicado a incrementar año tras año sus beneficios y la productividad de sus operaciones, la presencia de estas empresas transnacionales no ha contribuido a mejorar el empleo, apenas ha servido para incrementar la calidad de los servicios que ofrecen, casi no han realizado inversiones en mantenimiento ni han apoyado la transferencia tecnológica. Y, además, sus actividades han ido asociadas a un enorme rastro de graves impactos ambientales, sociales y culturales.[24]

En el último lustro, se han venido denunciando múltiples casos de violaciones de los derechos humanos e impactos sobre las comunidades indígenas, las condiciones laborales y el medio ambiente por parte de las multinacionales españolas en América Latina. Y puede afirmarse que, en el caso de los efectos sobre los pueblos indígenas de la región, las dos principales vías de conflicto que han abierto las corporaciones transnacionales con sede en nuestro país han tenido su origen en dos ejes de intervención: la búsqueda y explotación de reservas petrolíferas, y la construcción de grandes presas para la generación de energía eléctrica. En el primero de los casos, la protagonista ha sido la petrolera Repsol YPF; en el segundo, las eléctricas Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa. Eso sí, sin olvidar el papel que han jugado los bancos BBVA y Santander, que en distintas ocasiones han financiado la puesta en marcha de proyectos contaminantes y muy agresivos social y ambientalmente.

Petróleo y pueblos indígenas: los impactos de Repsol en América Latina

Gracias a los ingresos procedentes de su actividad en América Latina, Repsol YPF es la primera empresa privada transnacional del sector de los hidrocarburos en la región. Y es que es justamente esta zona, donde se localizan el 95% de sus reservas de hidrocarburos y el 88% de sus resultados de explotación, la que le ha hecho convertirse en una de las diez mayores petroleras del mundo. Eso sí, a medida que Repsol YPF ha ido incrementando sus beneficios año tras año –en 2009, las ganancias de la compañía fueron 3.188 millones de euros–, sus actividades han dejado un rastro de graves impactos ambientales, sociales y culturales sobre los pueblos de la región. En concreto, la petrolera es la multinacional española que más conflictos ha tenido con las poblaciones indígenas: ha acumulado denuncias con estas comunidades en Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina y Colombia.[25]

En Bolivia, Repsol efectúa sus operaciones petrolíferas en siete áreas protegidas, entre las que se encuentran el Parque Nacional Madidi, la Reserva de la Biosfera Pilón Lajas, el Parque Nacional Amboró y el Parque Nacional Aguaragüe. En ese país, las actividades de exploración y producción de Repsol YPF en Bolivia afectan a 17 Tierras Comunitarias de Origen (TCO) repartidas en las regiones amazónica y chaqueña, entre las que están el Territorio Indígena Multiétnico –en el cual conviven comunidades chimanes, moxeñas y yurakarés–, el Territorio Indígena Chimán, el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure –refugio ancestral de la etnia yurakaré–, las TCO de Itika Guasu y Weenhayek. Según un estudio de evaluación del impacto ambiental realizado por la Asamblea del Pueblo Guaraní, se puede constatar que la multinacional española del petróleo se aprovecha de estándares bajos para operar en áreas altamente sensibles desde un punto de vista social, cultural y ambiental. Tal es el caso de las TCO de Itika Guasu y Tentayapi, entre otras. En la siguiente tabla se muestra un resumen de los impactos y denuncias de la población acerca de las operaciones de la petrolera en sus territorios.[26]

– Tabla 1. Denuncias de pueblos indígenas contra Repsol YPF (hasta el año 2005).

Fecha – Impacto – Territorio afectado – Población afectada

17 de enero de 1998 – Comunidades indígenas declaran su preocupación por los impactos socioambientales de la exploración realizada por Repsol YPF – Territorio Indígena Parque Nacional IsiboroSécure, Beni/Cochabamba – Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB)

16 de enero de 1999 – Comunidades indígenas denuncian a la petrolera Maxus, y otras, de contaminar el agua en territorio indígena – Itika Guasu, provincia O’Connor, Tarija (Puerto Margarita y proximidades) – Guaraníes

25 de mayo de 2000 – Pueblos indígenas del Oriente y Pluspetrol negocian un acuerdo sobre la compensación por la exploración petrolera en sus territorios – Camiri, Santa Cruz – CIDOB, pueblos indígenas del Oriente, comunidades indígenas guaraníes

18 de agosto de 2000 – Indígenas tchimanes alcanzan un acuerdo con Repsol YPF y BHP – Pozo Eva Eva Sur X-1, límites de La Paz, Beni y Cochabamba – Indígenas tchimanes

2 de octubre de 2001 – Los pueblos guaraní y weenhayek se oponen al gasoducto Yacuiba-Río Grande realizado por el consorcio Transierra, por destruir su territorio y el medioambiente de la zona – Zona del gasoducto Yacuiba-Río Grande, Tarija/Santa Cruz – Pueblo guaraní, indígenas weenhayek, población de Yacuiba

13 de octubre de 2001 – Repsol YPF realiza la entrega de obras sociales a las comunidades en el campo petrolero Margarita – Campo Margarita, provincia O’Connor, Tarija – Comunidades guaraníes

15 de diciembre de 2005 – Comunidades indígenas guaraníes denuncian que Repsol YPF no cumplió el convenio de indemnización socioambiental contraído en 2003 – Campo Margarita, provincia O’Connor, Tarija – Guaraníes de las Tierras Comunitarias de Origen de Itika Guasu

Fuente: Centro de Documentación e Información – Bolivia (CEDIB).

En el caso de Ecuador, Repsol YPF tiene actividades en el Parque Nacional Yasuní, declarado reserva de la biosfera por la UNESCO y hábitat de la etnia indígena huaorani. Pero las actividades de Repsol no se limitan a las operaciones en el Bloque 16, situado dentro del Yasuní, sino que la empresa forma parte también, junto a otras seis corporaciones petroleras, del consorcio que explota el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), que transporta el petróleo desde la selva amazónica hasta la costa del Pacífico y afecta a once áreas protegidas. La puesta en marcha de este proyecto ocasionó el taponamiento de fuentes de agua para el consumo humano de la población asentada a lo largo de la ruta, y durante las etapas de prueba del oleoducto se produjeron cinco derrames de crudo que contaminaron las áreas cercanas.

En Argentina, Repsol YPF ha invadido extrajudicialmente y contaminado varias comunidades indígenas mapuche en la provincia de Neuquén. El conflicto más conocido es la contaminación del yacimiento de gas y petróleo de Loma de la Lata, uno de los mayores de Sudamérica. Las comunidades mapuches Kaxipayiñ y Paynemil, que allí habitan, presentan unos alarmantes niveles de intoxicación por la acumulación de más de 17 metales pesados en sus tejidos corporales. Según la Evaluación de Daño Cultural y Ambiental realizada por una consultora alemana en el año 2001, los restos de metales pesados hallados en la zona investigada son 700 veces más altos de lo permitido por la legislación Argentina.[27] Además, el Tribunal Supremo argentino está investigando una denuncia presentada por el Defensor del Pueblo, en la cual se acusa a Repsol YPF y a otras 16 empresas petroleras de haber contaminado cinco provincias del país –con un área total que es casi el doble de la superficie del Estado español– con sus actividades.[28]

En Perú, los planes de la empresa petrolera para continuar con su expansión han sido denunciados públicamente por no tener en cuenta a las comunidades indígenas en aislamiento voluntario. La compañía pretende encontrar yacimientos de petróleo en la selva amazónica en el llamado Lote 39, que según denuncia Survival es “el hogar de al menos dos de los últimos pueblos indígenas no contactados”, que nunca han tenido relación con otras personas y, por tanto, “podrían correr peligro”.[29]

En Colombia, a través de una asociación con la empresa estatal Ecopetrol, Repsol participa en el bloque Catleya, situado entre los departamentos de Boyacá y Arauca, un área petrolera donde la compañía espera encontrar nuevos yacimientos de hidrocarburos que se superpone con el territorio ancestral u’wa. Los indígenas u’wa, que son conocidos como “el pueblo que piensa” o “el pueblo que habla bien”, debido a que durante miles de años han conseguido mantener relaciones pacíficas con sus vecinos sin el uso de armas ni guerras, son uno de los grupos indígenas de Colombia que mantienen de forma más viva su cultura ancestral. Este pueblo, que siempre se ha opuesto a la extracción de crudo en sus resguardos alegando que el petróleo es “la sangre de la tierra” y que juega un papel fundamental en su cosmovisión, defiende la continuidad de su modo de vida tradicional lejos de la lógica del capital, que ahora se encuentra amenazado por la exploración sísmica –cuyas detonaciones afectan a las corrientes de agua y a los movimientos de tierras– y la explotación de los recursos naturales presentes en su territorio. Ya desde la década de los noventa la resistencia de los u’was adquirió una gran relevancia internacional, cuando sus amenazas de cometer un suicidio colectivo dieron la vuelta al mundo: preferían suicidarse antes que tener una muerte indigna por la entrada de las multinacionales petroleras en su territorio. Así, mantuvieron litigios en diferentes instancias judiciales nacionales e internacionales y tuvieron la solidaridad y el apoyo de diferentes movimientos sociales. Sus protestas tuvieron su punto culminante hace diez años, cuando ocuparon los terrenos del pozo Gibraltar para impedir su puesta en marcha: fueron violentamente desalojados de allí por el ejército y la policía, pero la resonancia mediática de los hechos –murieron dos niños u’wa y guahibo– hizo que se parara la entrada de las multinacionales en la zona. Hoy, ante el progresivo agotamiento de las reservas de hidrocarburos, el subsuelo del territorio u’wa vuelve a ser una gran esperanza para que compañías transnacionales como Repsol YPF quieran hacer negocio. Pero el pueblo u’wa no va a ceder en su determinación, como uno de sus miembros declara sin titubeos: “Nos tendrán que matar a todos, con que quede uno sólo seguiremos peleando. Es como cuando se produce una sucesión, para quedarse con todo hay que matar a todos los herederos”.[30]

Megaproyectos hidroeléctricos: los impactos de Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa

«Endesa» se sitúa entre las diez primeras multinacionales de América Latina y es la primera compañía privada en el sector de la electricidad en la región, donde sus actividades le reportan un tercio de los beneficios anuales. Excepto en el caso de sus filiales chilenas, la empresa opera principalmente en las grandes ciudades, luego sus impactos sobre los pueblos indígenas no son tan acusados. El principal megaproyecto de Endesa ha sido la presa de Ralco, en Chile, cuya construcción supuso un gravísimo impacto ambiental, social y cultural. Esta presa es parte de un gran embalse en la cuenca superior del Alto Bio Bio. El territorio había sido habitado ancestralmente por comunidades mapuches-pehuenches, población que lleva resistiendo en sus tierras ancestrales las distintas oleadas de colonización por parte de conquistadores, latifundistas y empresarios. Todos los informes técnicos que encargó la Comisión Nacional del Medio Ambiente rechazaban llevar a cabo el proyecto, por el tremendo impacto que generaría la inundación de 3.500 hectáreas en esa región. Y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), organismo creado para defender la cultura de las poblaciones indígenas y hacer respetar sus leyes, también se opuso de manera contundente a la venta de las tierras mapuches para la construcción de la presa. Ante el fuerte rechazo del proyecto, Endesa empezó a mover hilos dentro de los poderes políticos y mediáticos. De este modo, la respuesta del Gobierno a la presión ejercida por la compañía fue otorgar el permiso para la construcción de la presa; expulsar al director de la CONADI –que se oponía al proyecto– para sustituirlo por un representante indígena favorable al mismo; poner en marcha campañas publicitarias que mostraran a las familias pehuenches que no querían desplazarse como refractarios al desarrollo; realizar el llenado del embalse sin avisar, de modo que se inundó un cementerio mapuche; criminalizar a los líderes indígenas, acusándolos de terrorismo; así como obtener las tierras a través de procedimientos irregulares. El resultado final fue la inauguración de la presa hidroeléctrica en el año 2004. Eso sí, después de que se pusiera en funcionamiento la central hidroeléctrica de Ralco, la comunidad pehuenche continua denunciando a Endesa en Chile. Y, en la actualidad, Endesa está tratando de completar la construcción de otro megacomplejo hidroeléctrico en Aysén, en la Patagonia chilena, que tendrá una potencia total cuatro veces superior a la de Ralco.[31]

Por su parte, «Iberdrola», que en sus anuncios publicitarios hace suyos los valores de respeto ambiental y de lucha contra el cambio climático, ha tenido una política diferente sobre el terreno. Al menos en el caso de México, donde la empresa participa como constructora en el parque eólico de La Venta, en Oaxaca: este proyecto generó una fuerte oposición por parte de las comunidades indígenas locales y los ejidatarios, quienes en el periodo de expropiaciones denunciaron presiones para abandonar sus tierras. Al respecto, Iberdrola no establece ninguna iniciativa de RSC para gestionar los impactos de sus proyectos de inversión sobre los pueblos indígenas.[32]

En tercer lugar se encuentra la multinacional eléctrica «Unión Fenosa» –hoy rebautizada como «Gas Natural Fenosa» después de su fusión con la primera compañía española de gas–, que ha sido duramente cuestionada por su mala prestación del servicio eléctrico (apagones, alza de tarifas, falta de mantenimiento …) en Nicaragua, Guatemala y Colombia, así como por su corresponsabilidad en la persecución a dirigentes sociales en estos dos últimos países.[33] En el caso de Colombia, además, sus plantas de generación hidroeléctrica han tenido graves impactos sobre las poblaciones afrodescendientes, campesinas e indígenas que habitan en la región del Suroccidente. A pesar de que Unión Fenosa haya ganado varios premios internacionales por sus programas de Responsabilidad Social Corporativa en el país, entre ellos uno relativo a la realización de un plan de desarrollo rural en los alrededores de la Salvajina, una central hidroeléctrica de su propiedad –hasta el año 2009, en que vendió esta filial a inversores colombianos– en el departamento del Cauca, el hecho es que la compañía apenas ha aportado soluciones al conflicto que mantiene con las comunidades indígenas nasa: éstas exigen a Unión Fenosa una respuesta clara por la inundación de 600 hectáreas de su territorio, por el cambio del microclima, por la persecución a los dirigentes indígenas que se oponen a la represa, y por la destrucción de sus formas de vida, que afecta a las 10.000 personas del Cabildo Indígena de Honduras.[34]

Por último, hay que destacar que las dos grandes corporaciones transnacionales financieras españolas, el «BBVA» y el «Santander», han venido apoyando mediante créditos y financiación varios de los proyectos aquí citados y otros que son altamente contaminantes y tienen graves impactos sobre las comunidades indígenas. Entre ellos se encuentran el gasoducto de Camisea, en Perú, que supone la destrucción de ecosistemas ubicados en áreas tropicales de la amazonía peruana y afecta a las poblaciones indígenas que habitan en aislamiento voluntario en la reserva nahua-kugapakori; la mina de Carajas, en el Amazonas brasileño, que ha sido denunciada por la comunidad indígena xikrin por los impactos de las actividades mineras; y las represas del Río Madera, un megaproyecto que forma parte de la iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur (IIRSA) y que afectará a 5.000 familias de Brasil y Bolivia que se verán desplazadas de sus territorios.[35]

Los pueblos indígenas y la resistencia frente al poder corporativo

La justificación que han utilizado los Estados y las empresas multinacionales para intimidar, desplazar y, prácticamente, eliminar del mapa a muchas comunidades indígenas ha sido la necesidad de explotar los recursos naturales que albergan sus territorios, para incorporarlos a la maquinaria de producción y consumo del sistema económico global. Pero la visión que de estos hechos han ido teniendo las sociedades y las instancias internacionales ha ido cambiando. Especialmente, a lo largo de las tres últimas décadas.
Ya en 1923, Deskaheh, un líder cayuga, viajó a Ginebra para pedir a la Liga de las Naciones que escuchara la voz de los pueblos indígenas.[36] Tras él, muchas otras comunidades han denunciado la persecución que sufrían, y para ello han acudido a instancias como, entre otras, la Organización de los Estados Americanos, las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo. Así, han conseguido darle una mayor visibilidad a sus procesos de resistencia, así como despertar la sensibilidad de gran parte de la ciudadanía. Además, la valoración de la diversidad cultural de los pueblos indígenas ha dado como resultado que la UNESCO adoptara hace años un convenio internacional sobre este particular,[37] que la OIT creara un instrumento jurídico vinculante sobre los derechos de los pueblos indígenas y que, en 2007, fuera aprobada en Naciones Unidas la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Según el convenio de la OIT, éstos podrán participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras, y deberán ser consultados por los gobiernos antes de emprender o autorizar cualquier programa de explotación de tales recursos. A partir de su ratificación por la mayoría de los países latinoamericanos, los pueblos indígenas de la región han podido acogerse a esta herramienta legal para continuar con sus denuncias sobre la actividad de las corporaciones transnacionales.

En este contexto es en el que las multinacionales españolas han ido desarrollando sus operaciones en los territorios indígenas de América Latina. Y estas empresas, que habían de adaptar sus actividades a una realidad que hasta entonces les era desconocida, no han tenido una actuación muy diferente a la de las corporaciones transnacionales de otros países que les precedieron. Eso sí, después de observar cómo se desarrollaron ciertos conflictos con las poblaciones locales –como el caso de las operaciones de las petroleras en el territorio u’wa en Colombia o el caso de la presa de Ralco construida por Endesa en Chile, entre muchos otros–, parece que han aprendido la lección: no se trata tanto de modificar la realidad de sus prácticas sobre el terreno como de cambiar la percepción social que se tiene de ellas. Para eso, han diseñado una novedosa estrategia para interactuar con las comunidades indígenas, basada sobre todo en la asunción de las políticas de «Responsabilidad Social Corporativa» (RSC).

Con estos programas de RSC, las multinacionales destinan una mínima parte de su presupuesto anual al fomento de determinadas actividades de acción social en las zonas aledañas a sus lugares de operación: construcción de escuelas, regalo de ordenadores, oferta de puestos de trabajo a los líderes comunitarios … Además, las corporaciones han tratado de evitar el posible disenso dividiendo a la población a través de diferentes mecanismos, tales como apoyar reformas legales para individualizar las propiedades colectivas, fragmentar un proyecto en varios y reunirse con las comunidades por separado.

En segundo término, también han asumido que la realización de sus actividades debe ir de la mano del cumplimiento de ciertos acuerdos internacionales, para quitar argumentos legales a las posibles demandas de las poblaciones afectadas: en el caso citado de las operaciones de Repsol en el territorio u’wa en Colombia, la empresa se ha atenido a los mecanismos de consulta previa contemplados en el convenio 169 de la OIT, aunque al final ha desconocido el resultado de dicho proceso –ya que era contrario a sus intereses– con el argumento de que “ningún colombiano se puede oponer a una decisión del Estado”, como dijo hace tres años la viceministra del Interior.

Finalmente, en los últimos años, las multinacionales españolas han empezado a incluir en sus informes anuales menciones explícitas a la cuestión indígena. Y se han preocupado de ofrecer en todo momento una imagen dialogante y de respeto hacia las comunidades: tomando el mismo caso a modo de ejemplo, el consorcio Repsol-Ecopetrol ha llevado a cabo un proceso de diálogo para convencer a las comunidades u’was de las bondades de la extracción petrolera en su territorio, y ha tratado de establecer un consenso para autorizar las actividades petrolíferas. Algo similar ha tenido lugar con las operaciones de Repsol en Ecuador: tras haber resultado duramente criticada por sus operaciones en el Parque Nacional Yasuní, la compañía invirtió más de un millón de dólares en programas para las poblaciones indígenas que viven en la zona. Con ello, cuando Repsol fue amenazada con la expulsión del país por no pagar impuestos, el consejo de gobierno de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) emitió un comunicado en el que pedía al presidente Rafael Correa que diera marcha atrás en su decisión de que la petrolera española se fuera de Ecuador, porque la falta de Repsol “implicará que nuestras comunidades dejen de recibir servicios médicos, odontológicos y que los niños y jóvenes no tengan clases en los colegios, así como desayunos escolares”, afirmaba.[38]

Sin embargo, el hecho de tratar de ceñirse exclusivamente a los mecanismos negociados de resolución pacífica fuera de la jurisdicción significa, en la práctica, convertir los derechos de los pueblos indígenas, que están reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, en papel mojado.[39] En idéntico sentido, la firma de códigos de conducta voluntarios en el contexto de la RSC no exime del cumplimiento de las normas ambientales y sociales que todas las compañías deberían respetar. Porque, aparte de la disposición al diálogo y de la asunción de las medidas de maquillaje corporativo, las empresas transnacionales tienen que atenerse a sus responsabilidades legales. Por tanto, los acuerdos voluntarios y los mecanismos de negociación deberían ser, en todo caso, instrumentos de mejora social, no los marcos de regulación de las corporaciones multinacionales. De hecho, podría considerarse una irresponsabilidad asumir que la RSC puede solucionar los impactos de las transnacionales sobre los pueblos indígenas, porque desvía el debate sobre la cuestión principal: hacer respetar y someter los intereses de las compañías a los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas.[40]

Con todo y con ello, a pesar de que se trate de afianzar el mito de que los pueblos indígenas son atrasados y se oponen al progreso, y de que se contraponga de manera artificial el derecho de los pueblos indígenas con el interés nacional, las organizaciones y redes internacionales de solidaridad van a seguir denunciando los impactos sociales, ambientales y culturales de las actividades de las empresas transnacionales sobre los pueblos indígenas. Porque, después de más de treinta años de políticas neoliberales, no parece que toda esta modernización forzada de nuestras sociedades esté sirviendo para paliar las desigualdades y resolver los conflictos sociales. Y, en ese sentido, lo que se continuará demandando es, sencillamente, el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su propio futuro.

Una de las herramientas utilizadas en la búsqueda de justicia alternativa han sido las audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). Y es que el régimen de permisividad, ilegalidad e impunidad en el que se enmarca la actuación generalizada de las corporaciones transnacionales en relación al derecho indígena hace necesarios mecanismos adicionales a los de la justicia ordinaria. Así, en las diferentes sesiones del TPP realizadas en los últimos cuatro años,[41] los representantes de los pueblos afectados por las violaciones de los derechos humanos cometidas, de manera directa o indirecta, por las multinacionales no sólo encuentran un espacio para expresar sus demandas, sino que asumen además un papel de agentes de la justicia. Tal y como sostiene Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado del Tribunal Supremo español y presidente del TPP de Madrid, el proceso desencadenado por estas instancias alternativas acelera la toma de conciencia y da herramientas a los sujetos para que consigan su defensa legal ante las grandes empresas y los gobiernos.

En definitiva, ésta y otras experiencias de denuncia del poder corporativo confirman que las poblaciones y los movimientos sociales de la región están inmersos, como dice Alfonso Moro, “en una perspectiva de largo aliento: rehabilitar la acción política como un ejercicio de los pueblos y, a través de ella, defender la primacía de los derechos y bienes universales y comunales contra su apropiación por parte de las compañías multinacionales”.[42]

Todo ello cobra sentido para que, según afirma Alejandro Teitelbaum, podamos “reflexionar acerca de cómo los seres humanos, que ‘nacen libres e iguales en dignidad y derechos’ recuperan, en el marco de una sociedad democrática y participativa, el poder de decisión sobre sus propios destinos”.[43] Y poder lograr así, en definitiva, evitar la vulneración de los derechos humanos que sufren las mayorías sociales del planeta.

Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) [[- Novedades y Últimas Noticias en OMAL – Observatorio de Multinacionales en América Latina, PDF:

· “Colombia. Petróleo en San Andrés: dos modelos enfrentados”, June Marie Mow, 25-05-2011

· “Biopiratería y pueblos indígenas: crónica del expolio del conocimiento”, Nikolas de Laserna, 24-05-2011

· ”Bolivia, un nuevo ciclo rebelde”, Marco Gandarillas, 23-05-2011

· ”De reformas económicas y beneficios empresariales. Noticias para un relato de la crisis”, Pedro Ramiro (Pueblos, nº 46, marzo de 2011), 19-05-2011

· ”Denuncia de los impactos de Iberdrola y Acciona en México”, Comunicado de la Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, 19-05-2011

· ”Chile protesta por la construcción de cinco presas en la Patagonia: más de 40.000 personas se manifiestan contra los embalses que promueve Endesa”, Público, 25-05-2011

· ”La transnacional Stora Enso gana millones de euros a costa de fuertes impactos en América Latina”, Ecoportal, 24-05-2011

· ”El Santander informa que pone temporalmente en suspenso la financiación de una polémica presa”, Survival, 23-05-2011

· ”El beneficio atribuido del Santander crece un 27% en Latinoamérica”, Infolatam, 22-05-2011

· ”Gas Natural Fenosa vende su filial de Guatemala ante el clima violento del país”, El Confidencial, 21-05-2011.]] [[- OMAL – Pueblos Indígenas:

· “Biopiratería y pueblos indígenas: crónica del expolio del conocimiento”, Nikolas de Laserna, 24-05-2011

· ”El Santander informa que pone temporalmente en suspenso la financiación de una polémica presa”, Survival, 23-05-2011

· ”El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. La situación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú”, Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) y OXFAM (2011), 17-05-2011

– «El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. La situación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú«, Due Process of Law Foundation/Oxfam, Lima, Perú, marzo 2011.

· ”Plata parece, oro negro es”, Marc Gavaldà, 15-05-2011

· ”Argentina: mapuches deben autorizar trabajo de petrolera”, Contralínea, 06-05-2011

· ”Desaparecer en silencio. Etnocidio de Repsol a los pueblos aislados en Amazonia del Perú”, Marc Gavaldà, 02-05-2011

· ”Indígenas aislados: lo que no se ha contado de las exploraciones de Repsol”, El Mundo, 26-04-2011

· ”Indígenas se enfrentan a madereros en Amazonia”, Tercerainformación, 18-04-2011

· ”Los impactos de un proyecto eólico de Iberdrola en Honduras”, Organizaciones sociales de Honduras, 24-03-2011

· ”En una región de México rechazan la actividad de las trasnacionales mineras”, La Jornada, 21-03-2011.]] [[- Plantas medicinales, biodiversidad, piratería y patentes. Perú:

· “Patentes. Trasnacionales al asalto de la biodiversidad”, Tercer Mundo Económico No. 75, primera quincena de noviembre de 1995

· ”Patentes: la apropiación ilícita de la biodiversidad”, Marta Caravantes, Visiones Alternativas

· ”Multinacionales reordenando el mercado global de los edulcorantes. Ka’a He’ë: del uso indígena al comercio mundial«, Gustavo Torres, Revista Zoom

· ”Agroecología. Cultivo ecológico de plantas medicinales y aromáticas: Ampliando las perspectivas económicas en los Andes”, Info Iniea-Inia, nº 10, Ministerio de Agricultura, Perú, 2005

· ”Cultivo ecológico de plantas medicinales y aromáticas: ampliando las perspectivas económicas en los Andes«, Justo Mantilla Holguín, Agricultures, Leisa revista de agroecología, Vol. 21, No. 2 , setiembre 2005

· ”La biodiversidad del Perú y su importancia estratégica”, Antonio Brack Egg, Embajada del Perú en Francia.]]

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[1] Entrevista realizada por OMAL a Blanca Chancoso, ex dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) y miembro del jurado de la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos realizada en Madrid, 17 de mayo de 2010.

[2] Discurso de Salvador Allende, presidente del gobierno de Chile, ante la Asamblea General de Naciones Unidas (4 de diciembre de 1972).

[3] Alejandro Teitelbaum, La armadura del capitalismo. El poder de las sociedades transnacionales en el mundo contemporáneo, Icaria, Barcelona, 2010.

[4] Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro (eds.), El negocio de la responsabilidad. Crítica de la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas transnacionales, Icaria, Barcelona, 2009.

[5] Juan Hernández Zubizarreta, Las empresas transnacionales frente a los Derechos Humanos: Historia de una asimetría normativa, Hegoa y OMAL, Bilbao, 2009.

[6] David Harvey, El nuevo imperialismo, Akal, Madrid, 2004.

[7] ONIC, CECOIN y GhK, Tierra profanada. Grandes proyectos en territorios indígenas de Colombia, Bogotá, Disloque Editores, 1995.

[8] Marco Gandarillas, Marwan Tahbub y Gustavo Rodríguez, La nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. La lucha de un pueblo por sus recursos naturales, Icaria, Barcelona, 2008.

[9] Marc Gavaldá, La recolonización. Repsol en América Latina: invasión y resistencias, Icaria, Barcelona, 2003.

[10] “Benetton, denunciado por usurpación”, Página/12, 22 de mayo de 2007.

[11] “Los Mapuches se reinstalan en tierras apropiadas por Benetton”, Púlsar, 1 de marzo de 2007.

[12] Amnistía Internacional, Informe 2007. El estado de los derechos humanos en el mundo, 2007.

[13] CENSAT-AguaViva y otras organizaciones, Informe de la expedición energética a La Guajira, 2005.

[14] Diana de Horna Cicka, “Las movilizaciones indígenas en 2009”, Boletín OMAL, nº 38, enero de 2010.

[15]Ibídem.

[16] Claudia Ángela Valverde Ortiz, “De cómo Perú “descubrió” a sus indígenas (Bagua, un año después)”, Boletín OMAL, nº 41, junio de 2010.

[17] Iván Martínez, “La Hidroeléctrica de Xalalá: un megaproyecto rechazado por el pueblo del Ixcán (Guatemala)”, El Comunicador Social, nº 13, abril de 2007.

[18] “Brasil construirá una gran presa en pleno Amazonas”, Público, 23 de abril de 2010.

[19] “Organizaciones ecologistas denuncian daños ambientales en Guatemala por transnacionales petroleras”, Prensa Latina, abril de 2007.

[20] “Guaraníes bolivianos amenazan con cortar bombeo de gas a Brasil”, Reuters, 21 de agosto de 2006.

[21] “Los indígenas achuar de Perú demandan a la petrolera Oxy en Estados Unidos”, AFP, 14 de mayo de 2007.

[22] Laura Toledo Daudén y Erika González, “‘Hay una asimetría absoluta entre las posiciones de las víctimas y las de quienes están detrás, moviendo los hilos’. Tribunal Permanente de los Pueblos”, Pueblos, nº 43, julio de 2010.

[23] Entrevista a Francisco Luzón en El País, 13 de julio de 2010.

[24] Miquel Ortega (coord.), La deuda ecológica española. Impactos económicos y sociales de la economía española en el extranjero, Muñoz Moya Editores, Sevilla, 2005.

[25] Erika González, Kristina Sáez y Jorge Lago, Atlas de la energía en América Latina y Caribe, OMAL – Paz con Dignidad, Bilbao, 2008.

[26] Erika González y Marco Gandarillas (coords.), Las multinacionales en Bolivia. De la nacionalización al proceso de cambio, Icaria, Barcelona, 2010.

[27] Marc Gavaldá, op. cit.

[28] “El Tribunal Supremo argentino investiga a Repsol y otras petroleras por daño ecológico”, El País, 2 de julio de 2007

[29] Juan Luis Sánchez, “Repsol avanza sobre la tierra de los indígenas invisibles”, Periodismohumano, 21 de abril de 2010.

[30] Pedro Ramiro, Erika González y Alejandro Pulido, La energía que apaga Colombia. Los impactos de las inversiones de Repsol y Unión Fenosa, Icaria, Barcelona, 2007.

[31] Campaña “Patagonia Chilena ¡Sin Represas!”

[32] Cristina Sáez, Mikel Barba y Jorge Lago, “Análisis de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa de las multinacionales vascas: los casos de BBVA e Iberdrola”, Lan Harremanak, nº 19, Universidad del País Vasco, 2009.

[33] Erika González y Jesús Carrión, “La Responsabilidad Social Corporativa de Unión Fenosa a estudio: los casos de Colombia y Nicaragua”, Lan Harremanak, nº 19, Universidad del País Vasco, 2009.

[34] Alejandro Pulido y Pedro Ramiro, “La Responsabilidad Social Corporativa de las multinacionales españolas en Colombia”, Lan Harremanak, nº 19, Universidad del País Vasco, 2009.

[35] Setem, BBVA: Vínculos financieros con empresas y proyectos controvertidos en el mundo, Madrid, 2007; Setem, Banco Santander: Vínculos financieros con empresas y proyectos controvertidos en el mundo, Madrid, 2007.

[36] Jordi Carreras, “2007: más sombras que luces en la realidad indígena en el mundo”, Gara, 28 de mayo de 2007.

[37] Rodolfo Stavenhagen, “Los derechos de los pueblos indígenas: esperanzas, logros y reclamos”, en Mikel Berraondo (coord.), Pueblos indígenas y derechos humanos, Universidad de Deusto, Bilbao, 2006.

[38] “Los indígenas Waorani piden al Gobierno de Ecuador que no expulse a Repsol”, ABC, 6 de noviembre de 2008.

[39] Carlos Deocón, “Resolución de conflictos y pueblos indígenas”, en Mikel Berraondo (coord.), Pueblos indígenas y derechos humanos, Universidad de Deusto, Bilbao, 2006.

[40] Mikel Berraondo, “Aplicación del derecho o programas de RSC para pueblos indígenas”, Lan Harremanak, nº 19, Universidad del País Vasco, 2009.

[41] Entre 2006 y 2010 se han llevado a cabo diversas audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) dedicadas a investigar y sistematizar los impactos de las empresas transnacionales en América Latina, especialmente de las europeas. Cabe destacar las tres sesiones organizadas en conjunto con la Red Birregional Europa, América Latina y Caribe Enlazando Alternativas que se celebraron en Viena (2006), Lima (2008) y Madrid (2010).

[42] Alfonso Moro, “América Latina, a propósito de las resistencias contra las transnacionales”, Pueblos, nº 43, julio de 2010.

[43] Alejandro Teitelbaum, op. cit.

(26 de mayo de 2011)