Serafín Romero se ha pronunciado así, en declaraciones a Europa Press, después de que se conociera que el departamento que dirige Ana Mato esté planteando la posibilidad de hacer pagar mediante convenios 710 euros a los inmigrantes menores de 65 años y 1.864 euros a los mayores de esa edad, para obtener asistencia en la sanidad publica [[- Sanidad exige 710 euros al año a los sin papeles por ser atendidos (Mi salud no es un negocio, 09-08-2012)
El lunes se supo que el Ministerio de Sanidad había pergeñado un intento de solución: que suscriban una especie de póliza con la sanidad pública, previo pago de 59,20 euros al mes para los menores de 65 años y 155,4 para el resto. Pero la idea sólo la apoya el PP.]].
A su entender, disminuir la accesibilidad de este colectivo social a la Atención Primaria puede generar que estos ciudadanos dejen de acudir a los servicios sanitarios cuando lo necesiten y, además, se produzca una «demora» en algunos tipos de diagnóstico o de prevención de algún tipo de enfermedad.
Así, se ha sorprendido de que el Departamento que dirige Ana Mato pretenda que los inmigrantes sin papeles paguen para acceder al Sistema Nacional de Salud (SNS) y ha criticado que sea un «copago claro y contundente» impuesto a un colectivo que «ya de por sí tiene serias dificultades«.
Pide al Gobierno que agilice la regularización de los ‘sin papeles‘
Dicho esto, Romero ha pedido al Gobierno que agilice, «en el menor tiempo posible«, los trámites para que los inmigrantes sin papeles consigan la nacionalidad española y que, de esta forma, no tengan que llevar un año empadronados para poder acceder a la Sanidad.
«No tiene ningún sentido que mantengamos ciertos tipos de situaciones de irregularidad de hasta un año. Lo que habría es que regularizarlos en la medida de lo posible, en el menor tiempo posible, para que en el momento en el que se regulariza no tener la necesidad de llevar un año para tener la prestación de asistencia«, ha recalcado.
Así, el secretario general de la OMC ha insistido en la necesidad de que estas regularizaciones se hagan «lo antes posible» para evitar que se tenga que entrar en un sistema de copago. «Desde la Organización vamos a seguir defendiendo que tenemos derecho todos los ciudadanos a la asistencia sanitaria«, ha zanjado.
(imagen: Trabajadores de los nuevos centros de salud protestan ante la presidenta de la CAM, Esperanza Aguirre, y el ex-consejero de Sanidad Juan José Güemes).
¿Qué es la privatización?
La sanidad, como todos los servicios públicos, es deficitaria por naturaleza. Al ser gratuita, no produce beneficios económicos; y al estar cada vez más tecnificada y desarrollada, es cada vez más cara. Los gobiernos, sin ingresos procedentes de la sanidad, tienen que hacer frente a un gasto sanitario (en métodos diagnósticos, tratamientos, sueldos de profesionales, etc.) cada vez mayor, ya que a su vez la población crece.
Además, la sanidad pública es una fuente de conflictos constantes para esos gobiernos. La ciudadanía protesta por su ineficacia, por las listas de espera … y los profesionales de la sanidad protestan por la escasez de personal, la precariedad de sus condiciones laborales, la masificación de sus servicios, etc.
En los últimos años, los gobiernos estatales y regionales han encontrado la manera de librarse de ambos problemas, el económico y el de la conflictividad social: ceder la gestión de la sanidad pública a empresas privadas (constructoras, bancos, multinacionales, empresas de capital riesgo, aseguradoras, etc.), pagándoles un dinero fijo que depende del tamaño de la población atendida para que se hagan cargo de la atención sanitaria de esa población. Pero las empresas, obviamente, entran en el negocio esperando obtener beneficios.
El problema es que (de momento) la sanidad pública sigue siendo gratuita, no genera beneficios, por lo que las empresas sólo tienen una forma de ganar dinero: ahorrar parte del dinero que reciben de los gobiernos.
Es entonces cuando las empresas comienzan a incentivar al personal sanitario para que solicite menos pruebas diagnósticas a sus pacientes, para que les prescriba tratamientos más baratos, para que reduzca la duración de sus bajas laborales, para que envíen menos pacientes al hospital, para que los pacientes permanezcan menos tiempo hospitalizados, para se hagan menos revisiones, … etc. Es entonces cuando, para que las empresas aumenten sus cuentas de beneficios, la calidad de la atención que recibimos los ciudadanos empeora.
Y es por eso que las empresas contratan a menos personal de limpieza, a menos personal administrativo y de informática, prescinden de celadores y auxiliares, disminuyen la contratación de enfermeras y médicos, y precarizan al máximo las condiciones laborales de los trabajadores de la sanidad.
Los gobiernos se quitan un problema de encima privatizando la sanidad. Empresas sumidas en la crisis global reflotan gracias a su entrada en un mercado inagotable (todo el mundo es potencialmente cliente de su negocio porque todo el mundo necesita la sanidad en algún momento). El dinero entra a espuertas en los despachos de las grandes multinacionales. Pero los usuarios de la sanidad vemos cómo cada vez hay menos personal sanitario, como la atención que se nos brinda es peor, cómo tenemos que esperar mas, cómo se nos racanean pruebas, tratamientos, días de estancia en el hospital, cómo cada vez conocemos menos a nuestros terapeutas porque éstos cambian de puesto, desaparecen, son trasladados a otros servicios, etc.
Asistimos a un momento histórico, en el que el derecho a la atención sanitaria universal, gratuita, y en igualdad de condiciones, que conquistaron nuestros antepasados, está siéndonos arrebatado para engordar las cuentas de resultados de un puñado de empresarios.
– Las claves del proceso de privatización de la sanidad
01 ¿En qué consiste la privatización de la Sanidad Pública?
02 El camino hacia la privatización
03 La privatización de la Sanidad Pública
04 Los nuevos hospitales «públicos» de la Comunidad de Madrid
05 El truco de la Ley de Libre Elección y Área Única
Dossiers para comprender mejor el proceso
– La privatización de la sanidad pública: un proceso devastador desarrollándose en todo el estado.
(21 de agosto de 2012)
