Diagonal: ¿Cómo y cuándo comenzó el proceso privatizador en Inglaterra?
John Lister: La idea partió del gobierno conservador de John Major a principios de los ‘90 para construir hospitales financiados y gestionados al margen del sector público, a través de proyectos de iniciativa privada, denominados PFI (Private Finance Initiative). En 1997 aún no habían conseguido firmar ninguno de estos acuerdos, debido a los riesgos percibidos por el sector privado. El nuevo gobierno de Tony Blair tuvo que garantizar el rescate de las entidades participantes que se declararan en quiebra, tras lo que se puso en marcha la primera oleada de hospitales con gestión y financiación privada. Hoy contamos con 56 centros que siguen este modelo.
D: ¿Cuál ha sido el impacto en la calidad del servicio prestado?
J.L: Básicamente hay menos camas y menos espacio. En apariencia, estos hospitales son más grandes, con espacios públicos más amplios, un aspecto exterior llamativo, pero las zonas de atención a los pacientes están muy limitadas. Los pasillos son demasiado pequeños para que pasen dos camillas a la vez y las camas están demasiado juntas, lo que provoca un grave riesgo sanitario. No se pueden realizar tareas de limpieza correctamente y no hay espacio útil para instalar máquinas o equipos de gran tamaño, debido al diseño deficiente. No se planificaron áreas de oficinas, así que los administrativos tienen que trabajar en zonas de almacenaje preparadas ad hoc, sin ventanas ni aire acondicionado. Casi todos los centros tienen un 30% menos de camas que los hospitales que venían a sustituir. Y en todos ellos se ha asumido la idea de que se puede tratar a los pacientes más rápido por tratarse de centros nuevos, a pesar de que la ciencia médica nos dice que hoy no existe esa posibilidad: la capacidad de atención media se sitúa en unos 57 pacientes por cama al año. En el hospital general de Worcester, por ejemplo, se asumen 104 por cama y año. Así, en muchos centros han tenido que habilitar más camas en edificios viejos o añadir nuevas construcciones, lo que contribuye a la multiplicación de los costes. De unos 80 millones de libras por hospital en la primera época de la privatización, hemos saltado hasta cifras insostenibles, de 300 hasta 1.100 millones por proyecto.
D: ¿Qué tipo de oposición está generando este sistema?
J.L: En el ámbito de los sindicatos ha habido algunos gestos contra estas políticas, han publicado algunos informes y realizado declaraciones esporádicas poniendo este modelo en cuestión. Pero el hecho es que los sindicatos son bastante reacios a oponerse al Gobierno laborista, ya que se hallan cerca de ellos políticamente y las críticas se quedan en un nivel abstracto en vez de concretarse en campañas y movilizaciones. Y a nivel local, en Inglaterra tenemos una lucha complicada, porque casi nadie sabe con exactitud cómo funcionan los proyectos PFI, hay poca información circulando y se presiona a los agentes implicados para no publicar detalles. Sin embargo, en Gales y Escocia, a través de sus gobiernos autónomos, ligeramente orientados a la izquierda gracias a los escaños nacionalistas, se ha establecido una política tajante que pasa por no construir más PFI, rescindir los contratos de servicios subcontratados a entidades privadas y abolir el coste de las recetas médicas.
D: ¿Se está tendiendo a un sistema dual donde los pacientes eligen el tipo de atención en función de sus posibilidades económicas?
J.L: Creo que sería muy difícil hacer que los servicios médicos sean costeados por el paciente. Durante 60 años la atención sanitaria ha sido gratuita y muy popular en Inglaterra. El Gobierno que intentara hacer esto no iba a durar demasiado. Por esta razón el laborismo ha desarrollado una estrategia distinta, que consiste en privatizar separando trozos apetecibles del pastel, creando una situación en la que el sector privado pueda disponer de fondos públicos para su uso y beneficio. Se está creando un sistema de falso mercado donde el sector privado escoge los servicios que le parecen más rentables, mientras que el sector público carga con las áreas más onerosas y de difícil gestión, como las urgencias y las enfermedades crónicas y complicadas. Así se fortalece el sector privado de un modo artificial, con la esponsorización del Gobierno, sin una competencia real entre sectores.
D: ¿Qué tipo de estrategia le parece viable para hacer frente a estas circunstancias?
J.L: Más allá de consideraciones ideológicas, la idea de nuestro trabajo pasa por conseguir un registro exhaustivo de estos proyectos con cifras y datos, que nos permita demostrar en cualquier punto la invalidez de esta práctica desde una perspectiva de lógica económica, así como apoyar otras campañas con información sólida. Y la alternativa principal que ofrecemos es, por supuesto, volver a nacionalizar los hospitales. Teniendo en cuenta que los bancos que están financiando todo este proceso (Royal Bank of Scotland y Grupo Halifax) fueron intervenidos recientemente y hoy pertenecen al Gobierno en un 75%, nos parece la solución más adecuada.
Sanidad en Madrid: de las huelgas de 1979 a las últimas denuncias en 2009
Madrid, primavera de 1979. Los trabajadores sanitarios se organizan en multitudinarias asambleas por la calidad de la sanidad pública, con demandas como el incremento de las exiguas plantillas. Logran emprender una huelga desde la base, sin el apoyo de los principales sindicatos, que dura más de dos meses y que es respondida con una fuerte represión policial, según recoge en uno de sus documentos la Coordinadora Anti-privatización de la Sanidad Pública de Madrid. Ya entonces los gestores de esos hospitales, vinculados al franquismo y sobre todo al sector privado, utilizaban los centros públicos para ‘filtrar’ pacientes a sus negocios particulares. Madrid, primavera de 2009. No sólo no aumentan las plantillas sino que se contempla recortar en un 15 % los presupuestos destinados a personal, bienes y servicios. Una inspección del Ministerio de Trabajo denuncia en seis de los nuevos hospitales de gestión privada, abiertos hace ahora un año, la falta de personal, de seguridad y de materiales tan básicos como guantes de quirófano, sillas de ruedas o cuñas. El informe del Defensor del Pueblo de 2008 denuncia a su vez que la externalización de servicios sanitarios en Madrid podría vulnerar “los principios básicos del sistema de salud en España, es decir, universalidad, gratuidad, financiación pública y equidad”. Parece que sobran razones para emular la primavera de huelgas en la sanidad madrileña de hace 30 años.
(21 de junio de 2009)
