Según los ambientalistas, más de 200 millones de litros de formulados de glifosato se han esparcido sobre campos y poblaciones rurales en la campaña pasada, aún cuando existe suficiente evidencia científica sobre su toxicidad aguda y crónica.
“Los efectos cancerígenos, acción mutagénica, contaminación de alimentos y persistencia en suelos y cultivos, han sido demostrados en forma fehaciente por numerosas investigaciones en nuestro país y el mundo, incluyendo los últimos aportes del doctor Andrés Carrasco, Director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA”, denunciaron.
“En una rara coincidencia con los grupos económicos, ni los gobiernos ni el SENASA han dado acuse de recibo de tales investigaciones”. Entre otras, han cobrado público conocimiento el reciente pedido de informes en la Cámara de Diputados de la Nación; el pedido de reclasificación del glifosato de diputados santafesinos y la creación de una comisión específica sobre agrotóxicos en el Ministerio de Salud de la Nación.
Además, se presentó contra este herbicida un recurso presentado ante la Corte Suprema de Justicia por la Asociación de Abogados Ambientalistas; está vigente una prohibición ministerial de plantar soja en instalaciones militares; existe un recurso de amparo protegiendo la salud de la comunidad en San Jorge (Santa Fe) contra el glifosato, además de ordenanzas fijando límites a las fumigaciones alrededor de las áreas urbanas.
Se recordó también que existen publicaciones de científicos nacionales e internacionales sobre las consecuencias negativas del glifosato; la vigencia del pedido de la Defensoría del Pueblo de la Nación para suspender su aspersión en las vías férreas y el pedido realizado por la Cámara de Diputados del Chaco al Gobernador para que se prohíba la aplicación de glifosato y endosulfan en esa provincia.
“Estas acciones, que se multiplican día a día en todo el país, permiten avizorar un cambio en este modelo de producción que sólo enferma y mata a nuestra gente y a nuestras tierras”, añadieron.
Desde la campaña «¡Paren de Fumigar!», el Centro de Protección a la Naturaleza pretende, entre otras actividades, la aplicación de la normativa provincial sobre agrotóxicos (Ley N° 11.273) y la suspensión del uso y/o reclasificación de las formulaciones de glifosato.
(República Argentina, 22 de julio de 2009)
