traducir('');

Para reclamar nuestros derechos y para mostrar que podemos alimentar y enfriar al planeta, más de 500 representantes de la sociedad civil de todos los países organizaremos un evento contundente e imaginativo frente a los Jefes de Estado. Les esperamos en las carpas en frente de la FAO para un encuentro con los medios de comunicación, en Plaza de Porta Capena: lunes 16 de Noviembre de 2009, 12:30 pm // Los pequeños productores y productoras de alimentos –como los Pueblos Indígenas– somos más de 1.500 millones de personas y proveemos más del 75% de los alimentos que el planeta consume. Y podríamos asegurar el 100% de la alimentación con la agricultura y ganadería campesina y la pesca artesanal. Lejos de lo que se nos dice, la agricultura a pequeña escala garantiza producciones suficientes, sin un uso desmesurado del petróleo como se utiliza en la agricultura industrializada. Por eso Nettie Weibe, de La Vía Campesina, explica que con su agricultura y un comercio local, pueden enfriar el Planeta.

(Yakarta, 9 noviembre de 2009) Alrededor de 40 campesinos y campesinas provenientes de 25 países en el mundo, miembros del movimiento internacional La Vía Campesina, se reunirán en Roma para la Cumbre Mundial de la FAO sobre Soberanía Alimentaria y el Foro de la Sociedad Civil entre el 13 y el 18 de noviembre. “La hora de hablar ha terminado” ha sostenido recientemente Nettie Wiebe, una agricultora canadiense, líder del movimiento. “Si el mundo toma en serio el hecho de erradicar el hambre, no existen muchas opciones. Debemos apoyar y animar al campesinado a producir alimentos para sus comunidades de manera sostenible. Una solución auténtica para la crisis alimentaria implica que la agricultura de pequeña escala, y no las corporaciones transnacionales, deben recobrar el control sobre los recursos productivos alimentarios como la tierra, las semillas, el agua y los mercados locales”.

En el transcurrir del bicentenario de su vida
independiente, la República Argentina ha vivido
una historia convulsionada en la construcción de
un Estado que brinde democracia, justicia y paz al
conjunto de su población. Las armas y el ejercicio
de la violencia, legítima o no, han marcado los
tiempos y los ritmos de una sociedad que también
ha sabido luchar por la defensa de los derechos de
muchos ante los privilegios de unos pocos. Así lo
demuestra la larga pero efectiva resistencia contra
el olvido que las leyes de Obediencia Debida y
Punto Final quisieron imponer tras la caída de la
última dictadura entre 1976 y 1983. El saldo de
aquel “Proceso de Reorganización Nacional” fue
de 30.000 personas desaparecidas y la incalculable
destrucción de miles de familias.

Si bien la herida abierta por la impronta militar
y los poderes fácticos sigue siendo una asignatura
pendiente de toda la sociedad argentina e internacional,
el arribo de la devastación neoliberal ha
puesto en la agenda de los derechos humanos la
observación de los efectos del modelo de desarrollo
que acompañó su instauración y expansión
hacia nuevos territorios.

La nueva revolución tecno-biológica, la posibilidad
del capital financiero mundial para diversificar
sus inversiones, la desregulación y el encogimiento
del Estado así como la asimilación del discurso
emanado de la aparente neutralidad de la ideología
neoliberal, fueron tierra fértil para que un nuevo
proceso de reorganización internacional definiera
las capacidades productivas que cada región del
mundo aportaría a la globalización.

En esta impronta, los países del Sur han vuelto
a jugar el papel periférico del desarrollo, su nuevo
rol pasó por el desmantelamiento de la capacidad
industrial y el retorno a la mera explotación de
los recursos naturales que, bajo el nombre técnico
de commodities, alimentan las cadenas productivas
del Norte. Es aquí donde la Argentina se
inserta en un concierto internacional que resulta
discordante para buena parte de su población. El
agronegocio y las empresas extractivas privatizan
las ganancias y socializan los problemas. La contaminación
y la alta toxicidad de los insumos de
la minería y de las actividades agroindustriales, así
como el despojo de las tierras de trabajo y vivienda
de muchas comunidades campesinas e indígenas
argentinas atentan contra la capacidad de
subsistencia de estas colectividades.

Este informe relata la situación de hombres y
mujeres que habitan en seis provincias de la ruralidad
argentina. Sus testimonios son las voces de
una realidad que no aparece en los números macroeconómicos
de la riqueza y del bienestar del
país. Pero a su vez, es la palabra de una realidad
que no ha sido del todo considerada por las defensorías
de derechos humanos que han dado la
batalla contra la desmemoria de los crímenes de
lesa humanidad y que, sin bajar la guardia, habrán
de poner en la agenda estos oprobios en su lucha
contra la injusticia».