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Algunos padres creen que sobreestimular a sus hijos de forma precoz es conveniente, habida cuenta de que serán más inteligentes, más eficaces, más dotados. Pero esa sobreestimulación puede crear el efecto contrario. Los niños deben seguir su propio ritmo y no el ritmo de un mundo adulto, ya de por sí extraordinariamente acelerado.

Recogemos dos entrevistas que plasman la visión que sobre el cáncer tiene Valentín Oyarzábal, director de es Hora, publicación de salud (véase Difusión) editado en Vic (Barcelona), cuyo primer número ha sido distribuido en el estado español el viernes 13 de abril de 2012 como periódico nacional de información semanal. En su portada además del subtítulo—Es hora de actuar ¡YA! … ante una democracia en recesión— destacan La Guerra de los mercados … la más mortífera de todas (Internacional), Cáncer Una visión integrativa … ¡hablamos de seres humanos y no de ratas de laboratorio! [[Valentín Oyarzábal aborda esta primera entrega “desde una línea metafísica-cuántica que nos llevará a hacernos algunas reflexiones”. En sucesivos artículos son temas a desarrollar, entre otros: “¿Qué es la quimioterapia?”, “Dolor y cáncer”, “Cáncer: tu mejor dieta”, “Prevención y cáncer”, “¿Qué es la radioterapia?”, “Cáncer: avances objetivos”, “Oncología infantil”, “Psico-oncología: relación médico paciente, grupos de apoyo, la familia”, “Terapias complementarias: homeopatía, medicina ortomolecular, hipertermia, ozonoterapia, oxigenoterapia, medicina celular, medicina sistémica, etc.”]] (Sanidad Integral) y Cómo enfrentarse al fracaso escolar. Padres, educadores y especialistas en el punto de mira (Aula). Llama la atención que en la Editorial [[es HORA periódico nacional de información semanal, año 1 nº 1, viernes 13 de abril de 2012

Editorial

Cuando un país tiene 12 millones de pobres y casi 6 millons de parados según todas las previsiones al finalizar el año, su vertebración corre serias dudas de que se base en la democracia institucional, al contrario, se asemeja más a países totalitarios de signo fascista con el sobrenombre de violencia legitimada.

Cuando los gobiernos permiten que las entidades financieras se rijan por una ley de máximo beneficio a costa de lo que sea, olvidándose, de quién les da el dinero realmente…

Cuando los propios gobiernos son ninguneados por éstos con medidas de préstamos especulativo-mafiosos comprando a uno y vendiendo a cinco…

Cuando particulares y “la pequeña y mediana empresa” no tienen crédito para mover sus economías y desarrollar sus negocios…

Cuando el 40% de los que tienen el “privilegio de trabajar”, cobra por debajo de los 1000€ y en precario…

Cuando los gobiernos permiten que las entidades financieras se rijan por una ley de máximo beneficio a costa de lo que sea, olvidándose, de quien les da el dinero realmente…

Cuando se hace una reforma laboral de derribo con medidas neoliberales de desprotección hacia el trabajador con la hipócrita manifiesta: “Para facilitar la contratación y convencer al asalariado con expectativas de mayores posibilidades laborales…”

Cuando el obrero tiene miedo a hacer huelga por temor a ser señalado en la próxima redada de despidos… es entonces, cuando el ser humano pierde toda su dignidad y un sutil desprecio se anida en el tejido más íntimo. Con una lógica derivada: explotar.

Cuando los ricos son más ricos por las maravillosas oportunidades que da la ruina de los otros…

Cuando los grandes financieros siguen jubilándose o despidiéndose con primas criminales que todos nosotros pagamos…

– Cuando los gobiernos tienen miedo a los antisistema, cuando el verdadero cáncer metastásico es el propio sistema: mercados financieros y ellos mismos como compañeros de viaje…

Terminando:

Cuando la ostentación de poder, la corrupción se extiende y las fuerzas llamadas de seguridad “se emplean a fondo” para poner un supuesto orden…

Cuando la justicia es injusta por naturaleza escudándose en la Constitución y en innumerables leyes irracionales, partidistas, y sobre todo: insensible con la sociedad y los problemas de su tiempo… entonces, es una dictadura enmascarada de democracia.

Cuando la justicia es injusta por naturaleza escudándose en la Constitución y en innumerables leyes irracionales, partidistas, y sobre todo: insensible con la sociedad

Hoy, el nuevo fascismo tiene siglas, acrósticos y logos diseñados por los grandes comunicadores publicitarios, pero eso, no los aleja de las cloacas con ese hedor característico que infecta como un virus mortal … siempre a los más pobres

Valentín Oyarzábal

Director]] firmada por Oyarzábal no se haga referencia explicita a las consecuencias que sobre la salud individual y colectiva conlleva la situación expuesta; tampoco a la guerra. Aunque no compartamos por completo la ideología del Editorial —mercados y entidades financieras y gobiernos principales y casi únicos responsables de la existencia de ricos cada vez más ricos y de 12 millones de pobres y casi 6 millones de parados, justicia injusta por naturaleza e insensible con la sociedad, innumerables leyes irracionales y partidistas, …— y porque sí parece fundada -pero incompleta- la enumeración de características que definen la presente realidad, saludemos la aparición de este nuevo medio de comunicación en papel, de cuyo primer número resaltamos tres trabajos (La reforma laboral no es constitucional. Catedráticos de derecho del trabajo de las universidades españolas analizan en un manifiesto [[Por un trabajo decente y las libertades colectivas plenas

25 marzo 2012

Manifiesto de los cincuenta y cinco sobre la reforma laboral

Los abajo firmantes, catedráticas y catedráticos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, consideramos un deber cívico hacer pública nuestra opinión de expertos sobre la reciente reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP, la cual introduce un cambio radical en el modelo constitucional de relaciones laborales, basado en dos pilares esenciales: un delicado equilibrio entre poderes empresariales y derechos sociales y un estímulo a las expresiones de diálogo social, articuladas de manera señalada a través de la negociación colectiva.

La norma de urgencia ha procedido a convulsionar la práctica totalidad de los elementos esenciales de ese modelo constitucional. Por lo pronto, ha desplazado el centro de gravedad normativo de las relaciones laborales desde el trabajo a la producción y al empleo, desde el trabajador y sus condiciones de trabajo a su «empleabilidad”, mercantilizando sin miramiento alguno el trabajo y descontextualizando el marco en el que, desde sus orígenes y sin solución de continuidad, ha venido aplicándose, y ha de seguir haciéndolo, la norma laboral. Este texto legislativo, en segundo lugar, implanta un verdadero sistema de excepción en las relaciones laborales, otorgando poderes exorbitantes al empresario a la vez que destruye las bases fundamentales del poder contractual colectivo autónomo en la regulación de las condiciones de trabajo. La constante reducción de los derechos de los trabajadores se acompaña de una progresiva afirmación de la unilateralidad empresarial sin control ni contrapeso. En suma, la flexibilidad unilateral conferida al empresario, además de despreciar las reglas consensuadas por los propios interlocutores sociales apenas dos semanas antes, aleja nuestro sistema jurídico del modelo social europeo, aproximándolo a antañones modelos autoritarios, de manera oportunista recuperados ahora en nombre de la libertad de empresa. En tercer lugar, la negociación colectiva deja de entenderse como un instrumento de corrección de las desigualdades contractuales, habiendo sido objeto, ella misma, de una flexibilización que altera su posición en el sistema de fuentes. La prioridad aplicativa concedida sin restricción alguna a los convenios de empresa y la supresión del régimen hasta ahora vigente de ultraactividad, además de poder generar un no deseable incremento de la conflictividad social, concibe al convenio colectivo como un simple utensilio al servicio de los intereses subjetivos empresariales, sustituible o modificable a su sola voluntad. La inaplicación de todas las condiciones de trabajo, incluso las salariales, del convenio sectorial expresa una concepción legal decididamente contraria al sistema vigente de negociación colectiva y a su estructura autónoma. En un contexto semejante, en fin, la garantía constitucional de la fuerza vinculante del convenio colectivo queda por completo desarbolada.

La regulación del despido, que se presenta de manera rutinaria como una forma de crear empleo, obedece realmente a un diseño destinado a otorgar fáciles y baratos mecanismos de liquidación y ajuste de plantillas, tanto en el sector privado como en el sector público. Y de hacerlo, adicionalmente, al margen de todo control. Desde luego, del sindical; pero también del administrativo e, incluso, del judicial. Como confiesa sin disimulo alguno el preámbulo de la norma, el propósito de la reforma es impedir el juicio de adecuación –con un evidente tono despectivo, el legislador excepcional lo denomina “juicio de oportunidad”- de los jueces sobre los despidos decididos por el empresario a partir de una definición justificativa que se mueve entre los dos extremos a descartar por cualquier legislador socialmente sensible: la mayor discrecionalidad y la más concreta identificación. La nueva regulación del despido no tiene más finalidad que reducir los costes del despido ilegal o improcedente, rebajando las indemnizaciones y suprimiendo los salarios de tramitación. Además de todo ello, y apartándose de manera grosera de los propósitos confesados de lucha contra la dualidad de nuestro mercado de trabajo, la reforma ahonda la precariedad mediante dos criticables medidas: la implantación de un contrato especial (de “apoyo de emprendedores”), cuya característica más llamativa reside en la posibilidad de despido libre durante un año de duración, y el encadenamiento de contratos de formación para los jóvenes, que pueden estar formándose hasta los 32 años en una misma empresa para el ejercicio de los más dispares e inconexos oficios.

– Pero más allá de la crítica a sus contenidos concretos, queremos llamar la atención sobre el cambio de modelo que el RDL 3/2012 induce. Es éste un modelo opuesto al que conforma nuestra Constitución, el de la democracia social en una economía de mercado, que arbitra un equilibrio complejo entre el pluralismo social y la intervención normativa de tutela de los derechos laborales, y que sitúa en el centro de la regulación de las relaciones laborales a la negociación colectiva dotada de fuerza vinculante. En el diseño constitucional, la empresa es un territorio en el que el poder privado del empresario resulta racionalizado en su ejercicio mediante el reconocimiento de derechos de participación a los trabajadores. Este modelo nada tiene que ver ni con la concepción de la empresa como un ámbito de exclusiva gestión por el empresario ni con la noción del empresario como “el señor de su casa”.

Y es que las exigencias de equilibrio presupuestario que impone la Unión Europea ni exigían ni exigen en modo alguno una reforma de las relaciones laborales como la adoptada, contraria al estado social y democrático de Derecho, potenciadora del poder normativo unilateral del empleador y hostil a la acción colectiva de los sindicatos. Por lo demás, y no es lo de menos, la reforma laboral presenta numerosos puntos que contradicen directamente derechos y principios constitucionalmente reconocidos y desarrollados por una extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tanto en lo que se refiere al derecho al trabajo como al derecho de libertad sindical. Y además es en una gran parte contraria a los compromisos internacionales asumidos por España, tanto respecto a la Carta de Derechos Fundamentales europea como a los Convenios de la OIT sobre libertad sindical, fomento de negociación colectiva y terminación de la relación de trabajo.

Alemán Páez, Francisco (UCórdoba)

Alfonso Mellado, Carlos Luis (UValencia)

Álvarez de la Rosa, Manuel (ULa Laguna)

Aparicio Tovar, Joaquín (UCastilla-LaMancha)

Ballester Pastor, Maria Amparo (UValencia)

Baylos Grau, Antonio (UCastilla La Mancha)

Cabeza Pereiro, Jaime (UVigo)

Camas Roda, Ferrán (UGirona)

Camps Ruiz, Luis (UValencia)

Castiñeira Fernández, Jaime (USevilla)

Correa Carrasco, Manuel (UCarlos III de Madrid)

Cruz Villalón, Jesús (USevilla)

Domínguez Fernández, Juan José (ULeon)

Escudero Rodríguez, Ricardo (UAlcalá de Henares)

Fernández López, María Fernanda (USevilla)

Ferrando García, Francisca (UMurcia)

Garate Castro, Javier (USantiago de Compostela)

Galiana Moreno, Jesús (UMurcia)

García Becedas, Gabriel (UAutónoma de Madrid)

García Ninet, José Ignacio (U de Barcelona)

Garrido Pérez, Eva (UCádiz)

González Posada, Elías (UValladolid)

Goñi Sein, Jose Luis (U Pública Navarra)

Gorelli Hernández, Juan (UHuelva)

López Gandía, Juan (UPolitécnica de Valencia)

López López, Julia (UPompeu Fabra de Barcelona)

Luján Alcaraz, José (UMurcia)

Martínez Abascal, Vicente Antonio (URoviraVirgili deTarragona)

Martínez Barroso, María de los Reyes (ULeón)

Mella Méndez, Lourdes (USantiago de Compostela)

Molero Marañón, María Luisa (UReyJuanCarlos de Madrid)

Molina Navarrete, Cristóbal (UJaén)

Monereo Pérez, José Luis (UGranada)

Moreno Vida, María Nieves (UGranada)

Navarro Nieto, Federico (UCórdoba)

Nogueira Guastavino, Magda (UAutónoma de Madrid)

Ojeda Avilés, Antonio (USevilla)

Olarte Encabo, Sofía (UGranada)

Palomeque López, Carlos (USalamanca)

Pardell Vea, Agnes (ULerida)

Pérez del Río, Teresa (UCádiz)

Puebla Pinilla (de la), Ana (UAutónoma de Madrid)

Quesada Segura, Rosa (UMálaga)

Ramírez Martínez, Juan Manuel (UValencia)

Rodríguez Escanciano, Susana (ULeón)

Rojas Rivero, Gloria (ULa Laguna)

Rojo Torrecilla, Eduardo (UAutónoma de Barcelona)

Tortuero Plaza, José Luis (UComplutense de Madrid)

Tudela Cambronero, Gregorio (UAutónoma de Madrid)

Sanguineti Raymond, Wilfredo (USalamanca)

Valdeolivas García, Yolanda (UAutónoma de Madrid)

Valdés Dal-Re, Fernando (UComplutense de Madrid)

Valdés de la Vega, Berta (UCastilla-LaMancha)

Vicente Palacio, Maria Arantzazu (UJaume I de Castellón de la Plana)

Vida Soria, José (UGranada)

Este manifiesto ha sido publicado el día 23 de marzo en el Diario El País

– Wilfredo Sanguineti.]] la reforma laboral. La Unión Europea no exigía una reforma como la adoptada, contraria al Estado social y democrático de Derecho, firmado por Carlos Martínez; Los jueces, también en contra [[- Más información: Jurisdicción Social, nº 117, Extraordinario, de febrero 2012, revista on-line donde la Comisión de lo social de Jueces para la Democracia hace un prolijo análisis del Real Decreto-ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.]]; y Eurovegas: Un modelo de país en juego [[Eurovegas: Un modelo de país en juego

Dentro de un mes aproximadamente, Sheldon Adelson -el magnate de casinos norteamericano que quiere construir un complejo al estilo Las Vegas en Madrid o Barcelona-, dará a conocer cuál es la ciudad escogida. Atrás habrán quedado meses de negociaciones y viajes de aquí para allá: de Adelson a España y de las delegaciones de la Comunidad de Madrid y de la Generalitat de Cataluña a Las Vegas para venderle las ventajas de su candidatura: Que si Madrid ofrece libertad horaria, menores impuestos, no limita la altura de los edificios del proyecto y cuenta con el aeropuerto de Barajas como garantía de llegada de turistas.

Por su parte, Barcelona ofrece precisamente unos terrenos próximos al aeropuerto -y por eso se tendría que limitar la altura de los edificios-, ser el primer puerto a nivel europeo en número de cruceros y la propia ciudad de Barcelona como marca turística. Si algo comparten las dos ciudades, no obstante, es la buena comida. En este aspecto hay que decirle a Sheldon Adelson que no tendrá ningún problema, a tenor de las palabras que pronunciaba recientemente en las que aseguraba que iría allí donde hubiera buena comida.

El verdadero quid de la cuestión

Este proyecto se ha analizado en muchos casos desde la óptica de la clásica rivalidad entre Madrid y Barcelona. En el tratamiento que los medios de comunicación han hecho de la noticia, en muchas ocasiones ha prevalecido la atención a la competencia entre las dos ciudades. Después del primer impacto de la noticia, las peticiones del magnate han quedado relegadas a un segundo plano y sólo se ha hablado de los miles de millones que pretende invertir y de los miles de puestos de trabajo que creará. Y es que en un momento de crisis como el actual, una inversión de estas características es un bocado al que es difícil renunciar. ¿Pero a qué precio?

No podemos olvidar las peticiones que ha hecho Sheldon Adelson, y que una de las pancartas utilizadas en una manifestación contra el proyecto en Madrid sintetizaba a la perfección: Modificar el estatuto de los trabajadores terminando con la regulación de los convenios colectivos, privilegios para contratar personal extranjero, dos años de exención en el pago de la seguridad social, cambiar la legislación de blanqueo de capitales, exención de impuestos, un aval del estado, ventajas en la fiscalidad inmobiliaria y del suelo, exclusividad de diez años en la utilización del suelo, cesión del suelo público, autorización de entrada a los casinos de menores y personas adictas al juego, excepción a la Ley Antitabaco y construcción de infraestructuras.

Un daño irreparable

Estas condiciones cuestionan la dignidad de los trabajadores y suponen una discriminación positiva hacia el magnate que no se puede tolerar. Porque si consigue lo que quiere y el gobierno cede, se puede producir un efecto llamada y otros empresarios vendrán a pedir lo mismo en otros sectores. Y resultado será un empeoramiento de las condiciones de trabajo ya de por sí menoscabadas. Además, si nos esforzamos en defender un modelo de turismo de calidad y familiar y nos avergonzamos de la actitud de los miles de jóvenes que vienen a emborracharse a nuestras costas, no podemos permitir un complejo de estas características que además tampoco se ajusta al modelo de urbanismo ni a la arquitectura de nuestro país. En definitiva, puede producirse un daño irreparable que cambie nuestro modelo de país.]]).