(imagen Greenpeace gana una demanda a los responsables del hotel del Algarrobico, enCiezaDigital 17/01/2009).
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El aumento de la concesión de ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) a 75 años supone tener en propiedad una zona pública de por vida, abriendo paso a la especulación. Los intereses privados se ponen por delante de los públicos, de los de toda la ciudadanía.
Además, Ecologistas en Acción critica que se excluyan del DPMT un total de 11 zonas asociadas a la costa sin ningún criterio científico ni justificación técnica. Es una medida que abunda en la privatización del litoral y en su desprotección.
La reducción de la servidumbre de 100 a 20 metros en lugares como las rías es una medida totalmente alejada de la verdadera dinámica de estos ecosistemas y a la previsible subida del nivel del mar derivada del cambio climático. Ignorar esta realidad acarreará grandes perjuicios sociales y económicos a las poblaciones asociadas a las costas y a las rías.
– Ecologistas en Acción subraya que la reforma aprobada no trae soluciones, sino que genera nuevos problemas por el cambio de rumbo que supone con respecto a la anterior ley. Tampoco incrementará la seguridad jurídica, pese a lo que argumente el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La gran cantidad de excepciones, casuísticas infinitas y desigualdades de tratamiento que recoge tendrá el efecto contrario: la incertidumbre jurídica.
Si el contenido de la reforma es censurable, también lo es el modo en el que se ha llevado a cabo su aprobación, sin la necesaria participación social. Desde el Ministerio de Medio Ambiente se adquirió hace pocas semanas el compromiso verbal de debatir la reforma con organizaciones ecologistas y dar espacio para recoger sus alegaciones. Esta promesa ha sido incumplida con la inesperada aprobación de hoy en el Consejo de Ministros.
Ecologistas en Acción teme que el Ministerio de Medio Ambiente pretenda desmantelar la legislación ambiental. El primer paso es la modificación de la Ley de Costas de 1988, privando a la sociedad de un uso público de la costa y de la protección de la misma.
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Plataforma No a nuestra costa
18-04-2012, por Mar
La Plataforma “No a Nuestra Costa” es una iniciativa puesta en marcha por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, GOB, SEO/BirdLife y WWF por la defensa de la Ley de Costas, ante los reiterados intentos de reforma de la misma.
Para las casi 100 organizaciones que forman de momento la Plataforma “No a Nuestra Costa” La Ley de Costas es una garantía para la conservación de los ecosistemas litorales, el uso público en la costa y el freno a la especulación urbanística.
La Plataforma está formada por decenas de organizaciones ecologistas, del sector social y económico, y reúne a empresas de turismo activo y naturaleza, asociaciones de vecinos del litoral, departamentos de diferentes universidades, la Asociación de Jueces para la Democracia, formada por más de 500 jueces, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, el Foro de Turismo Responsable, ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Ayuda a los Ciudadanos), o sindicatos como UGT, CCOO o CGT, entre otras.
“No a nuestra costa” desea convertirse en un movimiento ciudadano y apartidista, que sume fuerzas y voces para garantizar el uso público y libre de nuestra costa, así como la conservación del litoral. Desde la plataforma esto es fundamental para la actividad económica sostenible a largo plazo e insiste en que la aplicación correcta de la Ley de Costas, sin duda, ha de conjugar la conservación y el desarrollo económico.
Con la presentación de la Plataforma, las organizaciones han lanzado también una campaña de movilización ciudadana para que a título personal apoyen la validez de la actual Ley de Costas en www.noanuestracosta.orgVentana nueva
La situación de nuestra costa actualmente
La entrada en vigor de la Ley de Costas, en 1988, avanzó decisivamente en la conservación de los recursos naturales. Se establecieron claros límites al proceso de desfiguración de la costa (iniciado hace 60 años), haciendo patente el uso público de la costa para todos los ciudadanos que recoge el artículo 132 de la Constitución española. Además, salvaguarda los derechos legítimos de particulares y empresas, dando un plazo de 30 años, que termina en 2018, y prorrogables otros 30 más para buscar otra ubicación al gran número de industrias altamente contaminantes que se asientan en la costa.
En dos décadas, nuestra costa ha perdido una superficie similar a ocho campos de fútbol cada día. Una costa mal conservada nos cuesta miles de millones de euros cada año, dinero público que se destina a la restauración de paseos marítimos, playas, infraestructuras costeras y al control de vertidos en una espiral de gasto sin fin.
Desde la plataforma se considera que la aplicación de la Ley de Costas tiene que ser estricta, sin rebajas, eliminando las construcciones ilegales y compensando a aquellos propietarios víctimas de la mala gestión administrativa (estudiando caso por caso). Una reforma de la Ley de Costas, en los términos planteados por el Gobierno, donde solo unos pocos se verían favorecidos, implicaría un enorme coste que pagaríamos todos con el dinero de nuestros impuestos.
La mejor política que se debe realizar es favorecer la conservación del entorno. El respeto a los procesos ecológicos no es un freno al progreso, sino el camino para salir de la crisis.
Diez motivos para defender la Ley de Costas
En dos décadas, cada día se ha perdido una superficie de nuestra costa similar a ocho campos de fútbol. La Ley de Costas no debe ser reformada, sino aplicarla correctamente ya que:
La Ley de Costas garantiza el uso público y libre de la costa. Defender nuestras playas, calas, dunas, acantilados y rías es proteger un bien común.
La Ley de Costas debe ser un seguro contra la especulación y contra la corrupción en nuestro litoral.
La Ley de Costas salvaguarda el valor económico del litoral. Una costa bien conservada genera beneficios de unos 8.000 millones de euros al año y más puestos de trabajo que una costa degradada.
La Ley de Costas asegura el buen estado del litoral. Una costa saludable es la base para la pesca y el marisqueo, ya que es el vivero de especies cruciales para el futuro del sector.
La Ley de Costas permite la instalación en nuestras playas de establecimientos, como restaurantes, terrazas, etc, siempre que cumplan la legislación.
La Ley de Costas avala nuevos modelos de desarrollo turístico, invirtiendo en reformar las infraestructuras existentes, sin necesidad de construir otras nuevas.
La Ley de Costas vela por la seguridad ciudadana, evitando que se edifique en zonas peligrosas por riesgo de inundación o temporales.
La Ley de Costas evita que se produzca una amnistía para aquellos que han dañado el litoral.
La Ley de Costas está alineada con la Unión Europea, que exige transparencia urbanística y lucha contra la corrupción.
La Ley de Costas cuenta con el respaldo de los tribunales españoles, que han fallado en el 95% de los casos a favor del interés general y no de intereses particulares.
Rueda prensa Plataforma No a nuestra costa, 19/04/2012, Greenpeacespain(9 de octubre de 2012)
