(imagen: Foro Grandes Empresas, Ministerio de Economía y Hacienda. Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid)
– Las grandes fortunas y grandes empresas evadieron al fisco 42.711 millones de euros en 2010, esto es, un 71,8% del total del fraude en España, lo que además supone triplicar el fraude de pymes y autónomos, según el informe de ‘Lucha Contra el Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria‘ elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) [[Para hacernos una idea de la credibilidad y buen hacer de los técnicos del ministerio de Hacienda (Gestha), he aquí la advertencia que hicieron, en marzo de 2007, sobre los riesgos (financieros y macroeconómicos, desaceleración, …) que podrían derivarse del previsible pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la cultura del ladrillo imperante en esas fechas, proponiendo una serie de medidas concretas que, como se ha visto y comprobado, más que caer en saco roto demostraron la inexistencia de saco alguno:
Gestha, 26/03/2007
La participación cruzada entre bancos e inmobiliarias y las OPVs, riesgos de la desaceleración
Gestha advierte de los «riesgos» financieros y macroeconómicos derivados del ‘boom’ inmobiliario
El colectivo de Técnicos Financieros del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) alertó hoy de los «riesgos macroeconómicos y financieros» derivados de las tensiones existentes en el mercado inmobiliario español, caracterizado por los sobreprecios de la vivienda, la estimulación de una
demanda ficticia, el endeudamiento histórico de los hogares y el aumento del riesgo crediticio con la excesiva ampliación de los plazos de los préstamos hipotecarios, superiores a los treinta años en algunos casos.
Además, Gestha señaló que el incremento de la participación cruzada entre los sectores inmobiliario y bancario, así como la salida a Bolsa de las grandes empresas inmobiliarias ha supuesto una «acumulación de riesgos» para el sistema financiero español vinculado a este tipo de operaciones. En los últimos años las inmobiliarias han protagonizado revalorizaciones por encima del 300%.
Los Técnicos de Hacienda aconsejan prudencia ante la «afluencia» de Ofertas Públicas de Venta (OPVs) en un momento en el que algunos analistas pronostican un posible «pinchazo» de la burbuja
inmobiliaria, aunque entienden que se trata de una vía de financiación y de encarar un futuro incierto, marcado por nuevas subidas de tipos -desde el 3,5% hasta el 4,25% estimado para este año-, la moderación del precio de la vivienda (+9,1%) y el anunciado próximo final del ciclo alcista del sector constructor.
En este sentido, los Técnicos de Hacienda avisan que los altos precios de los inmuebles han provocado una caída progresiva de la inversión extranjera en la adquisición de inmuebles en España, pasando de 7.072 millones de euros en 2003 a 6.650 millones en 2004; 5.538 millones en 2005, y 4.929 millones de euros en 2006, según datos del Banco de España.
Este colectivo advierte que la «boyante» actividad que ha protagonizado el sector constructor español, alentada por los bajos tipos de interés y una fiscalidad que se trasladaba a los promotores vía precios, ha generado «riesgos financieros» que es necesario corregir con una «política fiscal más
ajustada» e «iniciativas legislativas» que moderen las presiones sobre la demanda interna, ralenticen la escalada de precios y favorezcan el mercado de alquiler.
La vivienda: ¿un bien recaudatorio o un derecho constitucional?
Los Técnicos de Hacienda denuncian que en los últimos diez años se han promovido determinadas políticas fiscales que han favorecido en exceso el desarrollo del sector constructor, obviando el principio recogido en la Constitución de facilitar a los ciudadanos el acceso a una vivienda digna. Este fin de semana, miles de personas, en su mayoría jóvenes, se manifestaron ‘Por una vivienda digna‘ en distintas ciudades españolas para exigir medidas que les permitan acceder a una vivienda y protestar por los altos precios.
En la actualidad, alrededor del 14% del PIB español tiene su origen en la construcción pero, según los Técnicos, esta riqueza no tiene su respuesta inmediata en la sociedad ya que el 61% de las familias no puede afrontar la compra de su vivienda. Además, la subida de tipos de interés mermará
todavía más a lo largo de 2007 el poder adquisitivo de las familias españolas, cuya capacidad de endeudamiento se sitúa en máximos históricos. Actualmente, son necesarios dos años más de salario
familiar para poder adquirir una vivienda y la entrada típica ha aumentado un 75% en los últimos cinco años.
Gestha considera que Hacienda ha impulsado en exceso las ayudas a la adquisición de vivienda en lugar de tratar, por un lado, de equilibrar los incentivos fiscales entre el alquiler y la compra y, por otro, de dotar de «plena seguridad jurídica» a la relación entre los propietarios e inquilinos con el fin de favorecer la ocupación de los pisos vacíos y estimular el mercado de alquiler.
En la actualidad, el 85% de los inmuebles del mercado español se encuentran bajo el régimen de propiedad, mientras que en el extranjero se reparte a partes iguales entre propietarios e inquilinos. Además, casi cinco millones de personas se acogen anualmente a la deducción por adquisición de vivienda con financiación ajena, de los cuales cerca de un 82% dispone de una renta inferior a 30.000 euros al año.
Por el contrario, la cifra de viviendas vacías ha aumentado en España hasta casi los tres millones, lo que supone un 13,9% del total de las viviendas principales y secundarias. Gestha considera que la aplicación de una reducción fiscal del 50% para los arrendamientos de vivienda no ha servido para que una parte sustancial de los cerca de tres millones de viviendas vacías salgan al mercado de alquiler.
A pesar de estos indicadores, los Técnicos de Hacienda entienden que cualquier «control fiscal o legal» tendente a obtener un efecto beneficioso en la reducción de los precios de la vivienda, debe ser tratado con la máxima prudencia y consenso con los operadores, porque puede causar también efectos negativos desde el punto de vista económico, como frenar el motor de la bonanza de la economía española. Según Gestha, una caída en el precio de la vivienda de un 10% implicaría un descenso de ocho décimas en el ritmo de crecimiento del PIB, por lo que es aconsejable un aterrizaje del sector de la construcción suave y no traumático.
En este sentido, los Técnicos de Hacienda señalan que la caída del 3% de los precios de la vivienda en Estados Unidos ha provocado la reciente inquietud de los mercados financieros internacionales ante el aumento de la morosidad en las hipotecas y el riesgo de contagio a otros sectores, alertados por el ex presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan.
Iniciativas legislativas para mejorar la calidad de vida
Ante esta situación, Gestha emplaza a la Administración a desarrollar una «batería de iniciativas legislativas» que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, por considerar que la vivienda en propiedad debe ser un bien de carácter preferente y no sólo una manifestación de la capacidad económica del contribuyente sometida a múltiples gravámenes.
En primer lugar, los Técnicos de Hacienda proponen modificar la Ley de Haciendas Locales para permitir el recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sobre las viviendas desocupadas en los Ayuntamientos que así lo acuerden, definiendo de forma objetiva el concepto de vivienda desocupada sujeta a recargo.
Asimismo, Gestha aboga por limitar los plazos de devolución de los préstamos hipotecarios -cada vez más amplios- no más allá del final de la vida laboral de las personas, ya que se incrementa desorbitadamente la carga financiera de las familias y se eleva de manera ostensible el riesgo de devolución, debilitando la seguridad del sistema financiero en su conjunto. El importe medio de una hipoteca para la compra de vivienda pasó de 140.275 euros a final de 2006 a 144.000 euros en el primer trimestre de 2007. El plazo medio aumentó de 26 a 27 años.
Además, el colectivo de Técnicos plantea la necesidad de implementar políticas activas para el acceso a la vivienda habitual, no necesariamente en propiedad, sólo para aquellas personas que no posean (antes o después) otros inmuebles.
También aboga por reanudar el debate social sobre la deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF, que traslada este beneficio fiscal principalmente a los promotores y constructores de viviendas en forma de mayor precio de las mismas, respetando la situación de quienes ya compraron.
Asimismo, propone tomar en consideración la idea de promover un parque de viviendas públicas a desarrollar en terrenos públicos de manera que actúe como elemento regulador de la demanda y de los precios, tal y como existe en algunos países de nuestro entorno como Suiza o Francia.
Seis medidas para frenar las operaciones especulativas
Por otro lado, Gestha sugiere un paquete de medidas con el fin de frenar las operaciones especulativas en el sector inmobiliario. Entre ellas destaca, considerar como transmisiones especulativas de inmuebles todas aquellas que hayan permanecido en el patrimonio de la persona que transmite menos de tres años, siempre que no concurra una circunstancia objetiva que obligue al cambio de domicilio, calificando las ganancias derivadas de estas operaciones como renta general tributando dentro de la Base Imponible general al tipo resultante de aplicar la escala general del IRPF, y no al tipo mínimo actual del 18% como si fuera renta del ahorro.
Por otro lado, Gestha propone crear un Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles de carácter secuencial, regulando la obligación a cargo de los promotores inmobiliarios de validar estos contratos en este registro, de tal manera que se anticipen las fuentes de información indirecta a disposición de la Agencia Tributaria a ese momento anterior a la escritura, pudiendo detectar así los «pases«.
Según este colectivo, esta medida permitirá la obtención de información a efectos del control tributario y facilitará también el control de la legalidad de los contratos por la autoridad administrativa y la lucha contra cláusulas abusivas o la falta de cumplimiento de las garantías establecidas por la legislación respectiva. Además, esta medida redundaría también en beneficio del consumidor, desde el punto de vista de la seguridad jurídica de estos contratos privados, ya que la compraventa no se perfecciona hasta el otorgamiento de escritura pública.
Este registro administrativo podría centralizarse por los ayuntamientos, ya que son los primeros que conocen la existencia de nuevas promociones inmobiliarias al ser los que aprueban los proyectos y planes parciales presentados por los promotores, y disponen también de los servicios que mejor conocen y más habituados están a aplicar la legislación sectorial, al tener la mayor parte de las competencias en esta materia.
Asimismo, los Técnicos de Hacienda consideran que debería establecerse para la persona que transmite una vivienda no terminada (y por tanto, sin escritura) la obligación de notificar de forma fehaciente al promotor esta operación. Este cambio de titularidad sería también comunicado por los promotores al Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles.
En cuanto al fraude que puede derivarse si se declaran valores inferiores a los reales percibidos en la transmisión, Gestha propone que se apruebe el «valor único de referencia a precios de mercado» para liquidar todos los impuestos, no solo el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
Se prevé que este valor único para todas las Administraciones y todos sus impuestos estará elaborado en 2008, y se está formando a partir de estadísticas y de una toma de datos directa y continua en el mercado. La Dirección General del Catastro tiene en marcha un programa para contar con valores lo más próximos posibles al precio real de los inmuebles.
Además, Gestha estima que las agencias inmobiliarias, que tanto han proliferado al calor del crecimiento de la actividad inmobiliaria, deberían estar sujetas a informar a la Administración Tributaria de las operaciones de intermediación en las que intervienen, al igual que lo están los notarios respecto de los documentos públicos que autorizan.
Por otro lado, para evitar el fraude por IVA, Gestha propone lo que se conoce como «inversión del sujeto pasivo«, es decir, que sea el comprador quien ingrese el IVA en Hacienda, que se complementaría con una afección real del inmueble al pago del IVA.
Finalmente, para atajar el fraude por IRPF o Impuesto sobre Sociedades, los Técnicos de Hacienda proponen establecer el deber de practicar algún porcentaje de retención a cargo del adquiriente, para asegurar que la persona que transmite su propiedad tributará por la ganancia patrimonial obtenida.]].
En concreto, las pymes y autónomos sumaron un fraude fiscal que rondó los 16.261 millones de euros. El fraude fiscal de particulares, como plusvalías, arrendamientos, rentas del trabajo o del capital, se situó alrededor de 1.543 millones de euros anuales. Así pues, el fraude total ascendería a 59.515 millones de euros, el doble del fraude laboral, cifrado en torno a los 30.000 millones.
Dado que las tres cuartas partes de la evasión fiscal se localiza en las 41.582 empresas de mayor tamaño, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, consideró que existe «consonancia» con las cantidades de billetes de 500 y 200 euros.
«La responsabilidad social y la participación de las grandes empresas en el esfuerzo fiscal colectivo para superar la crisis económica debería ser mayor que en la actualidad«, reclamó Mollinedo.
En este sentido, el responsable de los Técnicos de Hacienda recordó que aunque el tipo general del Impuesto de Sociedades es del 30% para las grandes empresas y del 25% para las pymes, el tipo efectivo es finalmente inferior para las compañías de mayor tamaño.
Casi cinco puntos menos que las microempresas
Según los últimos datos disponibles, correspondientes al ejercicio 2008, las microempresas que facturaron entre 6.000 y 60.000 euros tributaron a un tipo efectivo del 23,9%, mientras que las empresas que ingresaron entre 6 y 12 millones de euros lo hicieron al 21,2%, dos puntos y medio menos.
Por su parte, Gestha calcula que las corporaciones empresariales que facturaron más de 180 millones tributaron al 19,5%, es decir cuatro puntos y medio puntos menos que las microempresas.
Asimismo, el colectivo instó a la Agencia Tributaria a realizar un «mayor esfuerzo» para detectar y combatir posibles irregularidades entre las grandes compañías.
«Desde hace muchos años se ha puesto la lupa sobre las rentas del trabajo, de los autónomos y de las microempresas en lugar de perseguir las grandes bolsas de fraude«, lamentó Gestha en un comunicado.
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Ataques especulativos y fraude fiscal masivo que supera los 245.000 millones de euros
javier caso iglesias, wikio, 03/08/2011
Mientras cada día más y más ciudadanos emplazan al Gobierno a exigir que el Banco Central Europeo compre las deudas soberanas al mismo interés que presta a los bancos (1,5%), para acabar de esta manera con los ataques especulativos que lastran la salida de la crisis y perjudican a los ciudadanos; en el III Informe de la Lucha Contra el Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria, elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) se dice que existe un «fraude fiscal masivo y estructural» por parte de pymes y autónomos.
La teoría expresada por el Gestha nos habla da una ocultación deliberada y generalizada de las ventas para obtener beneficios sin control tributario además de la anotación de gastos personales como profesionales.
Informan los Técnicos del Ministerio de Hacienda que evitar el IVA y falsear la partida de gasto se han convertido en prácticas habituales en algunos sectores especialmente golpeados por la crisis.
Sin embargo, para los técnicos de Hacienda, aunque estas cifras revelan un fraude fiscal masivo entre los autónomos, no debe olvidarse que estos apenas representan el 8,6% del total del fraude fiscal en nuestro país al ser titulares generalmente de pequeños negocios.
Según este colectivo, la Agencia Tributaria del Estado está perdiendo la batalla contra el fraude fiscal con una estrategia de actuación claramente equivocada, centrada en «lo más fácil» como es el control de las rentas del trabajo y de los autónomos en lugar de inspeccionar «lo más difícil«, como son las bolsas de fraude que representan las grandes fortunas y las empresas de gran tamaño, principales responsables del 91,4% de la evasión fiscal en nuestro país.
Gestha aboga por aumentar la responsabilidad de los Técnicos con la creación de un Cuerpo Superior (CSTH) que autorice a los más de 8.000 técnicos a investigar las grandes bolsas de fraude. Con esta habilitación y un plan eficaz de prevención del fraude, la Agencia Tributaria podría reducir en diez puntos la bolsa de economía sumergida en España, que actualmente supera los 245.000 millones anuales, situándose en niveles de fraude similares a los países de la Unión Europea. Esto supondría una recaudación adicional de 38.500 millones de euros anuales con los que estabilizar las cuentas públicas sin recurrir a drásticas medidas de recorte del estado del bienestar.
(12 de agosto de 2011)
