«Un informe inconsistente hecho a medida de los intereses de la industria farmacéutica»

1) Resulta sorprendente que un ex ministro reciente de Sanidad, cuya trayectoria en el cargo fue como mínimo bastante gris, realice un Informe sobre el SNS financiado por una empresa farmacéutica en el que hace afirmaciones, diagnósticos y propuestas sobre el SNS que nunca tuvo en cuenta cuando era su responsabilidad el haberlo hecho.

2) La información que se maneja en el Informe es incompleta y claramente sesgada para favorecer los intereses de los financiadores del mismo. Por poner sólo dos ejemplos, se recoge que en España el precio medio de los medicamentos es inferior a la de muchos países de la UE, pero que, a pesar de ello, el gasto per capita en medicamentos está por encima de la media de los países de la OCDE (en 147 $ ppc) y se señala el gasto en medicamentos genéricos en Europa y no que en España se sitúa muy por debajo.

3) Algunas cuestiones por supuesto son generalidades bien conocidas, como el valor de nuestro sistema sanitario, o la politización de su funcionamiento ¿por cierto, qué hizo Bernat Soria para atajarlo?.

4) Otras propuestas son claramente inasumibles y que de hacerse operativas pondrían en serio peligro la accesibilidad y la equidad de nuestro sistema sanitario, como las que tienen que ver con las penalizaciones a los ciudadanos que no utilizan bien los servicios, porque en muchos casos se trata de actuaciones que son incentivadas por el mal funcionamiento del sistema. ¿Es de extrañar que acuda a urgencias una persona que ha recibido cita para su médico general 8 o 10 días después o cita con el especialista con una demora de varios meses o incluso un año?.

5) Otra cuestión relevante es la supuesta apuesta por la prevención, que con razón se dice está poco desarrollada por el SNS, sin embargo las oficinas de farmacia mientras mantengan sus actuales características comerciales difícilmente pueden asumir el liderazgo en esta tarea que corresponde a los profesionales de Atención Primaria.

En suma se trata de un informe que utiliza informaciones incompletas, en muchos casos sesgadas, y que está hecho para favorecer los intereses de la industria farmacéutica y no los del Sistema Nacional de Salud. También pone de relevancia la necesidad de un sistema de incompatibilidades de los ex ministros.

– Para más información ver 12 Propuestas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

La Sanidad Pública universal y de calidad ha sido la base fundamental para el desarrollo del Estado del Bienestar y es uno de los pilares para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de una sociedad, pues supone el esfuerzo de las personas con más poder económico y más sanas para permitir la atención sanitaria de los que tienen menos y están enfermos.

En los últimos años hay una campaña generalizada para desprestigiar y desmantelar los sistemas públicos de salud, coincidiendo con el auge del neoliberalismo, que quiere privatizar los sistemas sanitarios públicos y que busca en ellos una oportunidad de negocio.

Esta tendencia internacional hacia el desmantelamiento de los sistemas sanitarios públicos afecta a todos los países en mayor o menor medida. En España se observan intentos por avanzar en la privatización de un sistema sanitario que goza de gran aprecio internacional, precisamente por su universalidad, fácil accesibilidad y carácter equitativo.

Sin embargo, la privatización no se realiza de la misma manera en todas las Comunidades Autónomas (CCAA), porque depende, en gran medida, tanto de la voluntad política de los gobiernos autonómicos como de la capacidad de los ciudadanos y de las fuerzas sociales para evitarlo. Son las CCAA gobernadas por el Partido Popular (PP) donde se han producido ataques más serios contra la Sanidad Pública, como sucede en Madrid o Valencia, por citar sólo las más significativas.

En esta campaña privatizadora juega un papel fundamental la estrategia de convencer a la opinión pública de las ineficiencias y problemas de funcionamiento del sistema sanitario público, cuando son los neoconservadores y neoliberales los principales responsables de esta situación mediante la introducción de nuevas formas de gestión empresarial, que con la disculpa de innovar, lo que en realidad buscan es poner por delante el ahorro, olvidando la calidad de la atención sanitaria.

Además, la introducción de formulas de gestión empresarial facilita la privatización de los centros, manteniendo la financiación con dinero público y olvidando que estas nuevas formas de gestión son modelos ya ensayados en el Reino Unido, donde han conseguido encarecer la construcción y puesta en marcha de los nuevos hospitales cuatro o cinco veces más que los del modelo tradicional. El funcionamiento de los mismos, con dos empresas distintas coexistiendo en el mismo centro, y el aumento de los gastos administrativos que supone el incremento de la burocracia, ha demostrado deficiencias importantes en cuanto al cuidado de la salud de los pacientes y un encarecimiento de los costes y problemas con la gestión, tal y como ha señalado la Organización Mundial de la Salud.

Los grandes perdedores de estos cambios que se avecinan serán los ciudadanos, porque la calidad de los servicios sanitarios empeorará, y porque los modelos privatizados tienen unos costes muy superiores. Los ciudadanos se verán obligados a pagar para poder utilizar los centros asistenciales y, a la postre, una parte de la población, la más pobre y la más enferma, se verá excluida de los sistemas sanitarios. Recordemos el ejemplo de EEUU, donde 47 millones de personas no tienen derecho a ninguna atención sanitaria a pesar de ser el país del mundo que tiene un mayor gasto sanitario.

La falta de interés político por la Sanidad Pública se concreta en la masificación y en las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, para las consultas de los especialistas, las pruebas diagnósticas y, más recientemente, para los médicos generales y pediatras. Todo ello desde una política de premeditado descrédito de la Sanidad Pública, pues está claro que éste es el primer paso para conseguir un apoyo ciudadano a su privatización.

Y se trata sólo de los primeros pasos, puesto que hay una estrategia de avanzar de manera lenta y continuada hasta conseguir que el derecho a la protección de la salud deje de ser un derecho de todos los ciudadanos y pase a ser un privilegio para aquellos que puedan pagársela, dejando para los demás un modelo similar a la antigua beneficiencia.

Todavía estamos a tiempo de salvar un Sistema Sanitario que está valorado entre los mejores del mundo, por la calidad de sus servicios y sobre todo por su carácter universal, gratuito y solidario. Por eso hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos y profesionales de la salud a movilizarnos en su defensa. No podemos permitir que la Sanidad Pública se convierta en un negocio en el que unos pocos se beneficien a costa de la salud de todos.

Para adherirse al manifiesto Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

(6 de febrero de 2011)