En los últimos meses la World Association for Cancer Research (WACR) ha estado trabajando en silencio poniendo en marcha los mecanismos que le permitan cumplir los objetivos a los que se comprometió durante su presentación en el II Congreso Internacional sobre Tratamientos Complementarios y Alternativos en Cáncer celebrado en Madrid el pasado año [2007].
Siendo uno de sus primeros pasos reunirse en Asamblea General para aprobar la ampliación de los objetivos inicialmente recogidos en los estatutos a fin de que no se limitaran al «estudio multidisciplinar y holístico del fenómeno conocido como Cáncer valorando las aportaciones efectuadas desde todos los ámbitos del saber (…) buscando para ello los medios que permitan patrocinar estudios, ensayos clínicos, congresos, seminarios, debates, ferias, exposiciones, publicaciones y cualesquiera otras actividades que contribuyan a ello» sino además » investigar, analizar, orientar, emitir informes y ejercitar las acciones pertinentes encaminadas a evitar las actividades, productos o servicios que pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y desembocar en cáncer».
En otras palabras, ejercer ante las autoridades públicas y los tribunales nacionales e internacionales las acciones pertinentes que impidan las nefastas consecuencias para la salud de las torres de alta tensión, los centros de trasformación, las antenas de telefonía, los móviles e inalámbricos digitales, las redes Wi-Fi, el tabaco, las más de 90.000 sustancias químicas usadas por la industria -sobre todo en los sectores de la agricultura y la alimentación- y acabar además con la impunidad de las multinacionales farmacéuticas al comercializar fármacos sintéticos meramente paliativos y sin embargo causantes de infinidad de efectos iatrogénicos, entre ellos vacunas que no se justifican en modo alguno -como la llamada Vacuna del Virus del Papiloma Humano – así como que en los hospitales públicos la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia sean aún hoy tratamientos de referencia en casos de cáncer cuando jamás han demostrado -ni siquiera en ensayos clínicos- la eficacia curativa que algunos les atribuyen.
Un ambicioso plan que obviamente requería encontrar a abogados realmente independientes y decididos a involucrarse en una lucha compleja y difícil, letrados dispuestos a denunciar ante los tribunales a quienes desde la esfera privada o pública, haciendo dejación de sus competencias o responsabilidades o por puro interés económico, ponen hoy en peligro la salud de los ciudadanos. Y debemos decir que no fue fácil.
De hecho tales conversaciones empezaron ya en noviembre del 2006 -meses antes pues de constituirse la WACR – y en ellas participaron numerosos bufetes y letrados a título individual que, como en toda sociedad, tuvieron posturas encontradas -no en la filosofía que animaba la iniciativa sino en la definición de la estructura y las estrategias a seguir- que dificultaron durante más de año y medio la toma de acuerdos.
El resultado final vino marcado por la salida del grupo de algunos de esos bufetes y abogados -que siguen apoyando la iniciativa de la WACR pero desde fuera de la estructura creada- y la integración de los demás en una entidad recién constituida, la Sociedad Española de Profesionales en Defensa de la Salud, cuyos miembros irán ampliándose en el futuro a medida que las distintas actuaciones en marcha lo vayan exigiendo.
Entidad que nace sobre la base de la unión -entre otros que en su momento se darán a conocer- de los despachos Peña & Oria Abogados (www.pyo-abogados. com) -cuya sede central está en Madrid-, Pajares & Abogados Asociados (www.pajaresyasociados.com) -con sede central en Zaragoza- y Bufete Osuna (www.thesauro. com/fernandoosuna) -con sede en Sevilla y delegaciones en Huelva, Cádiz, Córdoba, Granada y Madrid-.
Bufetes que cuentan además con despachos colaboradores en Paris (Francia), Francfort (Alemania), Salerno (Italia), Bucarest (Rumania), El Cairo (Egipto), Shangai (China) y Kfar-Saba (Israel) así como en las ciudades estadounidenses de Nueva York, Houston (Texas) y Charlottesville (Virginia) donde tres despachos importantes unificaron igualmente sus fuerzas dando lugar a Reich & Binstock y Seeger & Weiss, conocido bufete especializado desde hace años en la denuncia de los abusos e irregularidades de las multinacionales farmacéuticas a las que han ganado ya varios pleitos multimillonarios en los tribunales estadounidenses (es el caso de los fármacos Vioxx y Zyprexa como ya contamos en la revista del mes pasado).
En suma, el acuerdo alcanzado entre la World Association for Cancer Research (WACR) y la Sociedad Española de Profesionales en Defensa de la Salud (APSD) va a permitir plantear ante los tribunales la denuncia -por vía penal o civil, dependiendo de cada caso- de todas aquellas acciones que entienda perjudiciales para la salud de los ciudadanos o les dejen desprotegidos ante cualquier práctica de riesgo emprendida por una empresa -privada o pública-, incluso cuando ello fue consentido negligentemente por la Administración a cuyos cargos públicos, en tales casos, se llevará igualmente a los tribunales.
Es más, entre los objetivos expresos de la WACR está empezar a exigir responsabilidades -civiles y penales- a las autoridades sanitarias -tanto de la Administración estatal como autonómicas- cuando sus decisiones pongan en peligro la salud y la vida de los ciudadanos por entender que es hora de que se acabe con la impunidad de quienes desde sus cargos públicos autorizan productos y permiten acciones y actividades peligrosas.
Es el caso, por poner un ejemplo ilustrativo, de la presencia consentida por las autoridades sanitarias de productos químicos tóxicos en los cigarrillos. Es decir, la WACR no pretende ya defender el derecho a la salud de los no fumadores -que también pero es un objetivo que comparte con muchos otros movimientos sociales- sino hasta el derecho de los fumadores a consumir tabaco y no un producto al que hoy se está agregado sin justificación casi tres centenares de sustancias químicas alegando que son «aromas» cuando en realidad se trata de sustancias adictivas y/o tóxicas, muchas de ellas constatadamente cancerígenas.
En suma, la WACR entiende que ha llegado el momento de denunciar de una vez el papel pasivo del Ministerio de Sanidad y Consumo y de las consejerías autonómicas de Salud en este ámbito ya que se está produciendo un envenenamiento masivo, directo y consentido de millones de ciudadanos a los que se está ocultando la naturaleza real de lo que contienen los cigarrillos. Grave peligro que sufren tanto los fumadores como los no fumadores -la inmensa mayoría «fumadores pasivos»- simplemente porque algunos cargos de la Administracióen hacen clara dejación de sus responsabilidades.
Denuncia pública de la vacuna contra el virus del papiloma humano
La primera acción oficial y pública de la WACR ha sido denunciar la vacunación masiva de todas las niñas españolas de 14 años con la llamada Vacuna del Virus del Papiloma Humano (VPH) que a pesar de ser teóricamente voluntaria y no financiada por el Estado ha terminado siendo sufragada por casi todas las comunidades autónomas tras la decisión de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de incluirla en el calendario vacunal.
Para ello la WACR envió por correo certificado el 26 de marzo de este año [2008] un completo informe con las alegaciones pertinentes en el que solicitaba una moratoria de la decisión tanto al Ministro de Sanidad y Consumo como a todos y cada uno de los consejeros autonómicos, al presidente de la empresa que se encargó de la vergonzosa publicidad emitida para promocionarla – Shackleton – y a los presidentes de las sociedades que apoyaron la vacunación: la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), la Sociedad Española de Pediatría (AEP), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia (AEPCC), la Asociación de Microbiología y Salud (AMYS) y la Sociedad Española de Citología (SEC).
Apenas unos días después, el 18 de Abril [de 2008], la WACR enviaría una copia de ese informe con cartas personalizadas a sus Majestades los Reyes, a sus Altezas Reales, al Jefe de la Casa de Su Majestad El Rey y al de la Secretaría del Príncipe de Asturias, a los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, al Defensor del Pueblo, al Defensor del Menor, al Defensor del Pueblo y del Menor de Andalucía, a la Secretaria de Bienestar Social del PSOE, a la responsable de Política Social y Bienestar del Partido Popular, al Coordinador de Áreas de Izquierda Unida, a Rosa Díez -diputada del Partido Unión, Progreso y Democracia (UPyD)-, al Director General de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), a los presidentes de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Unión de Consumidores de España (UCE), la Confederación. de Consumidores y Usuarios (CECU), la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI), la Asociación General de Consumidores (ASGECO), FACUA-Consumidores en acción, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) y la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) así como a la inmensa mayoría de los directores, subdirectores, editores y redactores-jefe de los principales diarios (El País, El Mundo, ABC, La Razón, El Correo, El Periódico de Cataluña, Las Provincias, La Vanguardia, La Voz de Galicia, El Correo Español-El Pueblo Vasco, El Heraldo de Aragón, El Norte de Castilla, Público, La Verdad de Murcia y Qué), los presidentes y responsables de informativos de las principales cadenas de televisión y radio (RTVE, ANTENA 3, TELE 5, CUATRO, CANAL +, Telemadrid, Televisión de Cataluña, Radio Televisión Andaluza (RTVA), Compañía de Radiotelevisió n de Galicia (CRTVG), COPE, Punto Radio, Onda Cero Radio, Cadena SER y Canal Sur Radio) además, por supuesto, de a los presidentes, directores y responsables de Salud de las agencias EFE y Europa Press.
Carta que empezaba explicando: «El pasado 26 de Marzo la World Association for Cancer Research (WACR) pidió formal y expresamente a los responsables del Ministerio de Sanidad y Consumo así como a los de las Consejerías de Salud autonómicas que adoptaran de forma inmediata una moratoria sobre la propuesta de vacunar a las niñas españolas de entre 11 y 14 años con la vacuna llamada Gardasil que se supone protege de algunas variantes del Virus del Papiloma Humano ( VPH ) y, por ende, que se anulara la decisión de incluirla en el calendario vacunal. Se solicitó igualmente el cese inmediato de la campaña dirigida a ‘concienciar’ a los padres para que se animen a vacunar a sus hijas pequeñas con la alegación de que así no padecerán en el futuro un posible cáncer de útero ya que se trata claramente de publicidad engañosa cuando no manifiestamente falsa».
La carta terminaba explicando que si tales peticiones no eran atendidas la WACR se vería obligada a instar las correspondientes acciones judiciales.
Pues bien, a pesar de haberse informado a casi 200 personalidades y profesionales, salvo algunos periodistas -de la Agencia EFE y de Intereconomía -, de la Consejera de Salud del Gobierno Vasco, del Defensor del Pueblo y del Defensor del Pueblo Andaluz… nadie más se ha molestado no ya en actuar sino ni siquiera en contestar o alegar algo.
Y ello a pesar de que en la mencionada carta se recordaba de forma resumida lo que se explicaba en el informe enviado al Ministerio de Sanidad y a las consejerías autonómicas de salud. Esto es, «que en la actualidad no se conoce la efectividad real de la vacuna -la propia ex Ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, reconoció que su eficacia no podrá constatarse antes de 30 o 35 años-, que no existe ningún estudio o ensayo clínico sobre ella efectuado con niñas del grupo de edad para el que se ha aprobado y que a los padres y médicos no se les ha informado suficientemente del hecho de que Gardasil sólo prevendría -en el caso de que realmente lo haga- más que la infección de apenas cuatro de los más de cien tipos del Virus del Papiloma Humano existentes obviando sutilmente que precisamente esos cuatro tipos ¡apenas se detectan en España! Pero, sobre todo, que se ha ocultando a la sociedad que en el seno de la comunidad médica y científica no hay consenso ni sobre la eficacia de la vacuna ni sobre su seguridad. De hecho no se han dado a conocer los artículos existentes sobre los posibles efectos secundarios de la vacuna ni sobre los riesgos que comporta que la misma se inocule a la vez que otras. Y según los datos que obran en poder de la FDA a 5 de octubre del 2007 había registradas ya 11 muertes y 3.779 reacciones adversas entre junio del 2006 -fecha de su aprobación en Estados Unidos- y agosto del 2007 relacionadas con la vacuna«.
Añadiéndose que «por eso en nuestro propio país hay un amplio sector científico contrario a la vacunación masiva, lo que igualmente ha sido ocultado a la opinión pública. Existe ya un manifiesto con más 3.700 firmas -que encabezan varios catedráticos- solicitando la moratoria«.
La WACR, en suma, manejaba argumentos similares a los señalados en el manifiesto que, encabezado por Carlos Alvarez-Dardet -catedrático de Salud Pública de la Universidad de Alicante y Director del Journal of Epidemiology and Community Health-, ha sido firmado ya por más de 4.000 personas, muchas de ellas importantes personalidades del mundo de la salud y la investigación que consideran que no existen suficientes razones científicas que justifiquen la vacunación y sostiene que no está debidamente garantizada la seguridad a medio-largo plazo de las niñas vacunadas.
Cabe añadir que la WACR también solicitó a la agencia de publicidad responsable de la campaña publicitaria pagada para apoyar la vacunación «el cese inmediato de la emisión de la publicidad engañosa que se está realizando sobre la mal llamada Vacuna del Virus del Papiloma Humano, presentada e impulsada con manifiesta falsedad en los medios de comunicación como ‘ la vacuna contra el cáncer de útero ‘ mediante el uso de contenidos que omiten información acreditada sobre la misma e incluyendo mensajes que crean falsas expectativas: «Hoy celebramos que la batalla está ganada» «Por fin encontramos una manera de vencerlo», «Se termina su historia», etc.«.
Pues bien, la reacción ha sido prácticamente nula lo que, todo hay que decirlo, no ha sorprendido demasiado en el seno de la WACR.
Eso sí, decepcionante ha resultado la respuesta del Defensor del Pueblo porque se ha limitado a alegar que a su juicio todo está bien ya que la vacuna fue aprobada por la Comisión Interterritorial de Salud y la apoyan las asociaciones antes mencionadas. Sin entrar a valorar los argumentos que se le enviaron, los intereses económicos que han impulsado en realidad su aprobación y la representatividad real de algunas de tales asociaciones.
Cambios inesperados en el ministerio
La WACR ha estado trabajando también en la elaboración de varias demandas judiciales. Y de hecho había ya preparadas varias en las que se denunciaba ante los tribunales a determinados responsables sanitarios.. . justo en el momento en que el ministro Bernat Soria decidió cambiar parcialmente la estructura ministerial con el nombramiento de varios altos cargos. Entre ellos, a Ildefonso Hernández-Aguado – Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y uno de los primeros firmantes del manifiesto contra la vacuna del Virus del Papiloma Humano que ya hemos comentado- como Director General de Salud Pública.
Ese hecho hizo que la WACR acordara entrar antes en contacto con el ministro Bernat Soria a través de su Jefe de Gabinete a fin de explicarle los pasos que la misma estaba dando y saber si había intención de cambiar el rumbo paralizando de manera momentánea la presentación de las demandas. Obviamente si se constata que no hay voluntad de rectificar las mismas serán presentadas.
Una de ellas, ya lista, contra altos cargos del Ministerio de Sanidad y Consumo por permitir pasivamente que a los cigarrillos se les estén agregando -sin que la inmensa mayoría de la población lo sepa- multitud de sustancias químicas tóxicas, muchas de ellas cancerígenas.
Altadis , por ejemplo, reconoce agregar a sus cigarrillos ¡289 sustancias! ¡Sin ensayos clínicos que demuestren que son inocuas! Y debemos decir que se trata de una iniciativa inédita a nivel mundial porque hasta ahora muchas compañías tabaqueras se han visto obligadas a desembolsar miles de millones de dólares por su responsabilidad en el envenenamiento de los ciudadanos pero nadie se ha ocupado de exigir responsabilidades -civiles y penales- a quienes lo han permitido desde sus puestos en las administraciones públicas.
Basta recordar que cuando en la pasada legislatura se aprobó la Ley del Tabaco el grupo parlamentario de Los Verdes -socio parlamentario del PSOE- presentó un Proyecto no de Ley en el que se pedía «la urgente necesidad de regular la obligación de las compañías tabaqueras de ofrecer una información completa y exacta de la composición química de los cigarrillos tanto a la administración sanitaria y de consumo, para su evaluación, como a los potenciales consumidores. De esta manera será posible evaluar los efectos sobre la salud de cada uno de los productos y que el consumidor conozca qué es realmente lo que está consumiendo, sus riesgos y costes asociados«.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sin embargo, se negó a asumir la propuesta a pesar de su sentido común. Lamentable y vergonzoso. De ahí que la WACR haya decidido denunciar ante los tribunales a quienes teniendo la responsabilidad en la Administración de velar por la seguridad y la salud de los ciudadanos han obviado exigir a las empresas tabaqueras que presenten ensayos clínicos de inocuidad de cada uno de los productos -y sus combinaciones- que agregan a los cigarrillos, especialmente cuando combustionan.
La WACR, como prometió, ya se ha puesto en marcha.
Ildefonso Hernández-Aguado, nuevo Director General de Salud Pública, contrario a la aplicación masiva de la vacuna
El nuevo Director General de Salud Pública, Ildefonso Hernández-Aguado – ex presidente durante cuatro años de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) – trabajaba como Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Miguel Hernández (Alicante, España) cuando se incorporó a su nuevo cargo.
Lo que sin embargo ha llamado la atención es que se trata de uno de los primeros firmantes [8.835 a fecha de 28/05/2009] del Manifiesto contra la Vacuna del Virus del Papiloma Humano (puede usted leerlo en www.caps.pangea. org/declaracion).
Un texto donde se dice textualmente lo siguiente: «El caso que nos ocupa supone la consideración novedosa, muy grave, de que toda infección por VPH es una enfermedad a prevenir, lo que es falso; y además con el énfasis, sin duda interesado, en la -no demostrada- prevención del cáncer de cuello uterino en España (…) La industria farmacéutica tiene legítimos intereses financieros pero no todos ni siempre están en sintonía con las necesidades de salud de la población. El escándalo reciente de la terapia hormonal sustitutoria y la evidencia de que la industria escondió a la opinión pública durante 30 años graves efectos secundarios del tratamiento de una ‘enfermedad’ previamente inventada no coloca a este sector en una situación de gran credibilidad pública como garante de nuestra salud.(…) Por todo lo anterior los firmantes de este texto pedimos al Ministerio de Sanidad y Consumo y a las Consejerías de Salud de las comunidades autónomas una moratoria en la aplicación de la vacuna del VPH. Nadie ha justificado que haya prisa para la aplicación de este nuevo programa; por ello solicitamos abrir un periodo de reflexión, de seguimiento de los efectos de la vacuna en poblaciones reales y de realización de estudios para conocer el coste-efectividad a medida que haya nuevos datos. Todo ello permitirá solventar las dudas razonables que existen sobre la idoneidad de este programa de vacunación para España«.
Tal es el texto que firmó el nuevo Director General de Salud Pública. Y parece razonable pues que actuará en función de sus principios u convicciones. ¿O no? Queremos creer que sí.
A fin de cuentas en el número correspondiente al primer trimestre de este mismo año de la revista Acta Científica Estudiantil de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Central de Venezuela aparecía también publicado un artículo titulado «De una buena investigación a una decisión precipitada: la vacuna frente al virus del papiloma humano» que firmaban él mismo y el también catedrático -en esta ocasión de la Universidad Autónoma de Barcelona- Miquel Porta Serra.
Texto en el que si bien al principio manifiestan que «aunque aún no se ha demostrado que evite el cáncer de cuello uterino invasivo porque los estudios tienen un seguimiento muy corto como para probar tal resultado parece verosímil que pudiesen reducir la frecuencia de la forma invasiva y, por tanto, la mortalidad asociada a este cáncer» luego agregan: «Todavía quedan muchas preguntas por contestar sobre la efectividad de la vacuna y más aún antes de decidir la introducción en el calendario vacunal en España: ¿qué efectividad real tendrá en la reducción del cáncer de cuello uterino?, ¿cuántas niñas de 11 años hay que vacunar para evitar qué y cuándo?, ¿cuáles son los objetivos explícitos de la vacunación?, ¿es la vacunación sistemática la mejor estrategia disponible para la prevención del cáncer ahora mismo en España?, ¿es esta la mejor estrategia de salud pública para mejorar la salud de las españolas?, ¿qué seguridad tendrá la vacuna cuando se vacunen a amplios grupos de población?, ¿qué duración tendrá la inmunidad?, ¿quién corre con los gastos de las dosis de recuerdo?, ¿qué influencia tendrá la vacuna en la epidemiología de otros tipos del virus del papiloma?, ¿habrá sustitución de tipos anulando completamente el efecto de la vacuna?, ¿qué impacto tendrá en lugares como España con cribados mal organizados? , ¿qué impacto tendrá en otras acciones preventivas por parte de la población?, ¿cómo se compara la vacunación frente al VPH con otras acciones de salud pública más urgentes y de mayor repercusión en la salud de los españoles?«.
Y por si fuera poco lo dicho Hernández Aguado y Porta afirman en ese escrito que la lucha política entre populares y socialistas provocó una lamentable «falta de consenso» agregando que «peor aún es la ausencia de transparencia sobre las razones que motivan las decisiones, consecuencia entre otras razones de la falta de costumbre que muchos políticos tienen en la rendición de cuenta«.
Es más, después de arremeter contra el oscurantismo de los políticos se dedican algunos duros comentarios a las sociedades científicas que apoyaron la vacunación: «Las sociedades científicas que se han apresurado a recomendar la vacunación sistemática de las niñas españolas no han sido tan exigentes para presionar o influir en que se organizara la detección precoz de forma adecuada. Los gestores sanitarios, los profesionales de salud pública y los que toman las decisiones también han sido muy proclives a recomendar la vacuna pero han sido incapaces de trazar un plan adecuado y dotarlo de recursos suficientes para establecer una estrategia global de prevención del cáncer. No debemos olvidarnos de que además de que se hace mal la detección precoz de cáncer de cuello uterino, la cobertura del cribado de cáncer de mama no alcanza las proporciones adecuadas, precisamente el cáncer más frecuente en la mujer en España y que causa al menos 10 veces más muertes que el cáncer de cuello uterino. A ello se une el retraso diagnóstico y terapéutico en cáncer cada vez más prevalente que resalta la necesidad de que antes de hacer más cosas nuestro servicio nacional de salud debe hacer mejor -y sólo- lo que está demostrado que vale la pena«.
Y es evidente que para el nuevo Director General de Salud Pública el caso de esta vacuna pertenece al grupo de cuestiones que no merecen la pena: «Tardaremos muchos años -dice su texto- en detectar cualquier modificación en la mortalidad por cáncer de cervix, entre otras cosas por la baja frecuencia en España que impide detectar pequeñas modificaciones de las tendencias. Esperemos por otro lado que la vacuna no tenga efectos graves que puedan detectarse únicamente cuando se vacunen grandes segmentos de población ya que podría compensar negativamente cualquier beneficio«. Argumento que, como sostiene la WACR, no está nada claro sino más bien todo lo contrario.
Terminamos diciendo que Hernández-Aguado y Porta tampoco se cortarían al hablar de la industria farmacéutica: «La industria marca la agenda de la introducción de las innovaciones en tecnología sanitaria guiada por sus legítimos intereses comerciales; esto influye en que las decisiones en política sanitaria parezcan seguir en ocasiones una agenda determinada por otros más que guiarse por el establecimiento de las estrategias que mejor oportunidad tienen para mejorar la salud de la población. Además de marcar la agenda investigadora la industria ejerce presiones, por los medios que tiene a su alcance, incluido una activa influencia en sectores que perfilan la opinión pública a través de los medios de comunicación y la convocatoria de centenares de reuniones con asistencia de profesionales implicados en la prevención del cáncer o de la infección por el virus del papiloma«.
El cierre del artículo es rotundo: «(…) La irresponsabilidad de algunos no debería ser la coartada para que las decisiones sobre la salud de los españoles se tomen sin la transparencia exigible y sin fundamentarlas adecuadamente«.
Estamos completamente de acuerdo. Sólo que ahora Ildefonso Hernández-Aguado está en disposición de tomar decisiones en lugar de quejarse de las que estando en su cargo tomaron otros. ¿Será consecuente con sus convicciones? ¿Tomará alguna iniciativa sobre la vacuna? Veremos.
(28 de mayo de 2009)
