En este debate participan por un lado todos los sectores pro nucleares, desde las compañías eléctricas propietarias de la central, Iberdrola y Endesa, que al tener la central amortizada consiguen buenos beneficios de la electricidad que produce, hasta los trabajadores de la misma o los alcaldes de la zona (valle de Tobalina) que ven peligrar la actividad comercial y económica en sus municipios, pasando por los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y cargos públicos del Gobierno y del PP. También es significativo el posicionamiento pro nuclear del ex presidente Felipe González, que pretende camuflarlo argumentando sobre la necesidad de un debate, como si ese debate no hubiera existido hasta ahora.

Los argumentos de esos sectores pro nucleares son muy variados. Empiezan asegurando que la central de Garoña es totalmente segura y puede funcionar sin problemas 10 o hasta 20 años más, aunque luego, en la letra pequeña, el CSN diga que para ello deben realizarse una serie de modificaciones e inversiones de importante calado. Siguen con los argumentos ecologistas de que la nuclear es una energía que no produce CO2 ni gases de efecto invernadero, olvidando que produce unos residuos que resultan tan problemáticos o más que aquéllos, y ocultando toda la contaminación que se produce en la extracción y procesado del uranio. Añaden luego las razones de tipo económico (otra vez la crisis), olvidando que Garoña no llega a producir ni el 1,35 % de la energía eléctrica total, menos de la mitad de la que ahora se exporta (Marruecos, Portugal, Andorra). Continúan con el argumento de la dependencia energética del exterior, como si el uranio, cada vez más escaso y caro, no creara una dependencia tan grande o mayor que la de los restantes combustibles fósiles (petróleos, gas, carbón,…). Y para finalizar llegan a la amenaza, en algunos casos al chantaje, de lo que subirá el precio de la electricidad, de los puestos de trabajo que se perderán, etcétera.

Del lado de quienes nos pronunciamos a favor del cierre de Garoña está el espectacular desarrollo que han tenido, y parece van a seguir teniendo, las fuentes de energía renovables, eólica, termosolar, fotovoltaica, agrocombustibles, hidráulicas, geotérmica, maremotriz, etcétera. Un desarrollo que en el caso de la eólica alcanza en el año 2008 el 30% de toda la energía eléctrica producida en nuestro país. Ante las renovables los argumentos pro nucleares quedan en ridículo: los recursos son prácticamente inagotables, apenas se emiten gases de efecto invernadero, no existe dependencia energética ni tecnológica del exterior, no se producen los residuos mortales o peligrosos de las nucleares, se crean muchos nuevos puestos de trabajo tanto de producción como de investigación.

El Gobierno de Zapatero debe tomar una decisión sobre Garoña. Una decisión que esperemos cumpla con su programa electoral, en donde decía que «el PSOE tiene el compromiso de sustituir de forma gradual la energía nuclear en España por energías seguras, limpias y menos costosas, cerrando las centrales nucleares…«. Contradictoriamente con este compromiso el PSN se ha pronunciado en contra del cierre de Garoña en una votación en el Parlamento de Navarra en la que se «instaba al Gobierno de España a que proceda al cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña lo antes posible«.

Por otro lado, ecologistas y expertos de diversas organizaciones (Ecologistas en Acción, WWF, Greenpeace…) han señalado la peligrosa situación de Garoña por su vejez y «degradación acumulada» que le llevan a ser llamada la central de las 1001 grietas , con un problema principal de corrosión del propio núcleo y otros componentes de la vasija del reactor, así como del circuito primario de refrigeración. Que ha incumplido los requisitos que el CSN le impuso para la prórroga de licencia, como la sustitución del cableado eléctrico y dar solución a los reiterados problemas de ventilación de emergencia de la contención. Advierten además que «su continuidad podría dar lugar a un accidente severo si concurren un par de fallos simultáneos en sistemas de seguridad clave«.

Nuestra opinión de que Garoña debe desmantelarse no quiere decir que demos por cerrado el debate, al contrario, creemos todavía más necesario que nunca que toda la sociedad conozca los datos y argumentos de uno y otro lado, que participe racionalmente en el mismo, y finalmente pueda decidir.

Con la participación y el derecho a decidir se planteará además de forma mucho más profunda y seria otro debate, el de la necesidad de ahorrar energía en vez de despilfarrarla, el de racionalizar el uso de los recursos escasos, el de disminuir la contaminación y la emisión de CO2, mejorando el medio ambiente y frenando el cambio climático. En definitiva, debemos hacer una reflexión profunda sobre el modelo de desarrollo, que pase por replantearnos el modelo de consumo energético, y que además de fomentar el ahorro y la eficiencia energética, nos lleve a reevaluar los patrones actuales de producción y consumo en general.

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(21 de junio de 2009)